Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre el 2022 y setiembre del 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido cerca de 29.200 millones de colones a la institución por impuesto al tabaco.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que la deuda actual del país permite que no se destinen ciertos recursos, de manera directa, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o hacia otras instituciones.
Estas declaraciones fueron compartidas a Noticias Columbia luego de que desde la Caja alertaran sobre la disminución en los recursos provenientes de la Ley 9.028 de impuestos al tabaco.
«Hay que aclarar que cuando se aprobó la Ley 9.635 se eliminaron los destinos específicos si la relación deuda PIB estaba por encima del 50%. Esto lo que pretende es que como sociedad todos aportemos, particularmente aquellos que reciben beneficios de los impuestos y entender que las posibilidades del Ministerio de Hacienda tienen que generar una serie de priorizaciones. En el caso particular de la CCSS, no es diferente a todas las demás instituciones que hoy reciben recursos de impuestos y que hoy se ven enfrentados a la necesidad de compartirlos con otros instituciones, ministerios, etcétera», indicó el jerarca de Hacienda.
Según la Ley 9.028, le corresponde a la institución el 55% del total de este impuesto; sin embargo, este ha caído en los últimos años.
Entre el 2022 y setiembre del 2024, la Caja ha dejado de percibir cerca de 29.200 millones de colones provenientes de esta ley.
Estos recursos deben ser girados por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud, el cual, como ente rector, se los traslada posteriormente a la Caja.
Durante los últimos tres años, la institución debió recibir unos 37.650 millones de colones como concepto de este impuesto; sin embargo, únicamente le fueron trasladados poco más de 8.400 millones de colones.
La coordinadora del Programa Clínicas de Cesación y Vapeo de la CCSS, Marny Ramos, mencionó que esto podría tener un impacto muy negativo en la atención del cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
«El reglamento de la Ley 9.028 es claro en que la Caja debe asegurar la disponibilidad de programas de cesación de fumado a nivel nacional y garantizar el diagnóstico, seguimiento, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo, de manera que la finalidad del porcentaje asignado a la CCSS del impuesto al tabaco era ayudar a que la institución cumpla con lo establecido. Sin embargo, en los últimos años, vemos con gran preocupación como, aunque se realiza la recaudación de estos fondos, no llegan y, por lo tanto, no están siendo utilizados para el fin con que se crearon. Lo mismo ocurre con la ley 10.066, los dispositivos de vapeo siguen llegando a las manos de niños y jóvenes, representando un alto riesgo para las personas que los consumen. La atención sigue recayendo en la institución y no se han trasladado, a la fecha, ningún recurso para financiar medicamentos de alto impacto financiero, muchos de estos medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer o enfermedades respiratorias de difícil manejo», afirmó la doctora.
Estos recursos han permitido a la Caja adquirir equipos médicos de alta tecnología como mamógrafos, ultrasonidos, máquinas de anestesia, torres de endoscopía, equipos para medicina nuclear, tomógrafos, entre otros.
El gerente financiero de la institución, Gustavo Picado, indicó que desde la Caja valoran la imposición de una medida judicial en contra del Ministerio de Hacienda por no cumplir con la transferencia total de los fondos.
«En relación con la deuda que se ha venido acumulando en los últimos años, dada la transferencia parcial de la totalidad de recursos que le corresponde a la institución producto de la Ley del Impuesto al Tabaco, la Gerencia Financiera, a través de sus instancias técnicas, ha llevado a cabo gestiones a nivel administrativo de cobro ante el Ministerio de Hacienda. Dado que no se ha tenido el éxito esperado, en este momento se está valorando interponer un proceso judicial a fin de recuperar los fondos no transferidos. De continuar la tendencia a la reducción de estos fondos, será necesario, sin duda alguna, la definición de nuevas fuentes de financiamiento para los programas e iniciativas que se han venido ejecutando y se tienen programados ejecutar a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer de la institución. Aquí, en este punto en específico, la Asamblea Legislativa tendrá un papel esencial en la definición de estas fuentes adicionales de financiamiento», señaló Picado.
Ante este panorama, el diputado del Partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, presentó un proyecto de ley para garantizar los recursos de este impuesto a la Caja.
En la propuesta, se establece la obligatoriedad del Ministerio de Hacienda para transferir los fondos a la institución, sin excepción.
Según el frenteamplista, este ministerio ha incumplido con su obligación desde el 2018, escudándose en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
«Al cierre del año 2023, ya el Gobierno le debe más de 46.000 millones de colones a la Caja por concepto de recursos del impuesto al tabaco que debe trasladar a la Caja, principalmente, para la atención de cáncer. Además de eso, también ha venido incumpliendo el Gobierno de la República, sistemáticamente, con el envío de los recursos provenientes del impuesto que se creó sobre los vapeadores, sobre los cigarrillos electrónicos. Esto es muy grave, porque termina debilitando las capacidades del sistema de salud para atender a la gente y también para tener programas preventivos en materia de tabaco. La atención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco le cuesta a la Caja más de 300.000 millones de colones anuales y el Gobierno de la República, teniendo recursos que ya recauda de impuestos sobre el tabaco, no está enviando la totalidad los recursos que corresponden. Por eso, desde el Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley para que no tenga más excusas ya el Ministerio de Hacienda y envíe la totalidad de los recursos. Sabemos que el Ministerio de Hacienda, desde el año 2018 se justifica en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para no cumplir con destinos de recursos recaudados y que están establecidos en la ley para diferentes finalidades, como en este caso, el sistema de salud. Por eso, disponemos la obligación del Ministerio de Hacienda de entregar la totalidad de los recursos que corresponden según la ley, porque los están recaudando por ese impuesto sobre tabaco y también por el impuesto sobre cigarrillos electrónicos. Esperamos que el Ministerio de Hacienda deje de incumplir sistemáticamente con el envío de estos recursos, porque está afectando la salud de la ciudadanía», manifestó el legislador.
