(Audio) En entrevista con Noticias Columbia, el juez de Alajuela, Mario Rodríguez, se refirió al proyecto vetado por el Poder Ejecutivo y a las críticas que reciben por decisiones sobre privados de libertad.
Los jueces de ejecución de la pena se encargan de velar por el control de las condenas impuestas. Muchas de sus decisiones han sido blanco de críticas por parte del Gobierno al considerar que dan beneficios inmerecidos a privados de libertad pero el Poder Judicial defiende su proceder.
A esto se suma la controversia por el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena que fue aprobado en la Asamblea Legislativa pero vetado por el Poder Ejecutivo.
Estas son algunas de las frases que recientemente han expresado el ministro de Justicia, Gerald Campos y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con respecto a decisiones de jueces de ejecución de la pena.
Los reproches son variados. Por ejemplo, que el proyecto de Ley de Ejecución de Pena provoca un traslape o interferencia del Poder Judicial en las funciones del Ministerio de Justicia.
Campos ha criticado cambios que se ordenan en relación con la ubicación o beneficios para personas que están bajo el esquema de alta seguridad o contención.
El jerarca también considera que se desoyen las recomendaciones (no vinculantes) del Instituto Nacional de Criminología (del Ministerio de Justicia) cuando se toman decisiones para beneficios.
En Noticias Columbia, entrevistamos a Mario Rodríguez, juez coordinador de ejecución de la pena de Alajuela.
En la conversación, hablamos del proyecto de ley vetado, estadísticas sobre beneficios carcelarios, así como de las críticas que reciben con frecuencia por decisiones que toman con privados de libertad.
Mencionó que, en los últimos cuatro años, solo en Alajuela, se hicieron 6.651 solicitudes de libertad condicional y que únicamente se declararon con lugar 312. «Imagínese que eso es solo el 4.7%», expresó.
El juez afirmó que el Ministerio de Justicia tiene un numeroso grupo de personas en el régimen semiinstitucional, que es de baja contención y en el cual se permite a los privados de libertad estar fuera de los centros para luego llegar solo a dormir.
«Uno podría cuestionar… en este momento este tenemos en seguimiento, nosotros en Ejecución de la Pena de Alajuela, solo 117 personas en libertad y a nivel nacional tenemos 561 personas, mientras que la Administración Penitenciaria en este momento tiene 1.259 personas con semiinstitucionales», recalcó.
«(…) No se puede; no podemos decir que los jueces de Ejecución somos condescendientes, ni muchísimo menos cuando vemos que los números están diciendo otra cosa», añadió en alusión a los comentarios de que son permisivos o indulgentes.
En cuanto a los motivos para cambios de ubicación u otros beneficios a personas en alta contención, aseveró que muchas veces los privados de libertad ganan los recursos porque Justicia no cumplió con asuntos que están en los propios reglamemtos o circulares que emitió.
Sobre el Instituto de Criminología, mencionó que, en ocasiones, sus informes entran en contradicción con dictámenes que realizan los profesionales que laboran directamente en los centros penales.
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