«Estamos haciendo un enorme sacrificio pero los dineros se agotan», dijo Mario Redondo por caso de AyA.
En medio del conflicto entre Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Paraíso, hay una tercera parte en discordia: el gobierno local del cantón central de Cartago.
Administrativamente, ambos municipios tienen el mismo problema, pues AyA, les atribuye una deuda millonaria, que se originó en 1997, por concepto de captación y conducción de agua potable.
A Paraíso le cobran ¢3.400 millones y a Cartago ¢16.800 millones. En Acueductos sostienen que ese gran monto se analiza en sede judicial pero que hay recibos recientes, fuera de esa discusión, que deben ser pagados, mes a mes con la tarifa aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
En el caso de Paraíso, rechazan el pago al considerarlo excesivo e improcedente. AyA, advirtió de la corta del servicio pero una medida cautelar de la Sala Constitucional frenó la medida.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, sostiene que la Municipalidad está asumiendo la situación con muchas dificultades.
«Hemos manifestado, desde hace rato, a AyA y Aresep que Cartago no puede pagar esa suma. Estamos haciendo un enorme sacrificio para no caer en mora y no tener que pagar después más multas e intereses, sin embargo, los dineros que tenemos se nos agotan ahorita, en setiembre», dijo.
Redondo explicó que han estado negociando el establecimiento de una tarifa diferenciada para la venta de agua a las municipalidades de Cartago y Paraíso.
«El monto que nos están imponiendo por Aresep, de agua en bloque, es abismalmente mayor a lo que AyA le vende el agua a los demás. No se vale que saque agua de Cartago, lo venda a precios más cómodos en el resto del Área Metroplitana y a los de Cartago nos lo venda muchísimo más caro porque así lo dispone Aresep. Es ilógico e irrazonable», añadió.
Redondo considera que la deuda es una suma que no ha existido en libros contables ni había sido cobrada antes. El alcalde comentó que han buscado opciones y quieren trabajar en una solución para evitar perjuicios como las suspensiones del servicio o los aumentos desmedidos de tarifa.
«Sería hacerle un grave daño a las familias y afectar la economía de Cartago», recalcó.
