Más de 20 personas han sido detenidas en la zona durante el último mes.
Una serie de aparentes nuevos daños ambientales encontrados, luego de investigaciones policiales en Crucitas, derivó en una próxima denuncia ante la Fiscalía que interpondrá el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
El jerarca indicó que las duras condiciones del terreno en la zona han dificultado la labor de las fuerzas policiales para detener la extracción ilegal de oro.
“Desde que un tribunal de la República encomendó a la Fuerza Pública, la vigilancia y custodia de Crucitas, cada mes al Ministerio de Seguridad Pública y a los contribuyentes en Costa Rica le cuesta 60 millones de colones por mes el mantenimiento de las operaciones policiales en esa zona. Este es un gran esfuerzo institucional, que, sin embargo, es insuficiente ante el gran tamaño de la extensión de intervención policial y las condiciones difíciles del terreno para atacar la extracción ilegal del oro”, aseguró Zamora, quien además exige que los dueños de los terrenos en la comunidad corrijan los daños en sus propiedades.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo, detalló que en el último mes se logró detener a más de 20 personas, así como el decomiso de herramientas utilizadas en las labores de extracción de oro.
“La presión policial ha provocado que los oreros ilegales cambiaran el modo de operar e intenten llevarse sedimentos a otros lugares cercanos para ejecutar el proceso de separación del oro. Seguimos con intervenciones constantes en la región para atacar la minería ilegal y otros delitos transfronterizos”, agregó Lacayo.
