Decisión de Sala Constitucional sobre directivos de la Caja separados generó reacciones encontradas en Cuesta de Moras y Zapote
Diversos sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) celebraron este martes una declaratoria con lugar a un recurso, por parte de la Sala Constitucional, que restituiría a los exmiembros de la Junta Directiva de la institución que fueron suspendidos por el Consejo de Gobierno el año anterior.
De momento, la resolución oficial de la Sala no ha sido publicada, sin embargo, se estaría condenando al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
Según el secretario general de SINAE y Afines, Lenin Hernández, esta sentencia de la Sala Constitucional reafirma la autonomía de la institución.
“Nos sentimos muy complacidos del voto de la Sala Constitucional porque, de este proceso, sale muy fortalecida nuestra democracia y el respeto a la institucionalidad, pero, sobre todo, el respeto a la autonomía que tiene la Caja en materia de manejo del seguro de salud y del seguro de pensiones, lejos del manoseo político del Poder Ejecutivo, como quedó evidenciado a través de este voto de la Sala Constitucional”, aseguró Hernández.
Además, se presentaron reacciones desde diferentes diputados en la Asamblea Legislativa y otros actores políticos.
Una de ellas es la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, quien reconoció que esta declaratoria deja claro que no se deben permitir arbitrariedades desde el Ejecutivo.
“La resolución de la Sala Constitucional sobre la Caja, definitivamente nos recuerda que, afortunadamente, vivimos en un país donde el Estado de derecho prevalece y tenemos instituciones importantes de la democracia, pilares de la democracia, como es la Sala Constitucional resolviendo un tema de tanta trascendencia y dejando claro que no se pueden cometer arbitrariedades que atenten contra nuestro ordenamiento jurídico”, mencionó la legisladora.
De igual manera, el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, señaló que esta declaratoria de la Sala Constitucional refleja que en Costa Rica hay equilibrios.
“Recibimos con beneplácito la decisión de la Sala Constitucional, de declarar con lugar un recurso de amparo que protege los derechos de directivos de la CCSS que fueron suspendidos arbitrariamente por el presidente, Rodrigo Chaves y por el Consejo de Gobierno. Esta es una muestra más de que en Costa Rica pueden haber equilibrios y que la justicia impera frente a la arbitrariedad, especialmente, cuando se trata de una institución con la CCSS que es un baluarte en el Estado social de derecho de Costa Rica”, celebró Sancho.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, reiteró que lo ocurrido dentro de la Caja fue un golpe de estado por parte del Ejecutivo.
Además, Ortega pidió la renuncia de la actual presidenta de la institución, Marta Eugenia Esquivel.
“Celebramos el fallo de la Sala Constitucional que deja sin efecto la medida cautelar que este Gobierno le puso a la verdadera Junta Directiva de la CCSS, en un movimiento que, desde el principio, dijimos que había sido un golpe de Estado a lo interno de la institucionalidad de la CCSS. Hoy la Sala nos da la razón. Esto va a provocar, no solo que de manera parcial la verdadera Junta Directiva de la CCSS sea restituida, sino que también nos parece que es necesaria no solo la renuncia de la señora Marta Eugenia Esquivel, sino que se eche para atrás todas esas decisiones administrativas y políticas que se han generado en los últimos meses en contra de la seguridad social”, manifestó el frenteamplista.
Finalmente, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, afirmó que esta sentencia de la Sala Constitucional contradice lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo y aseguró que se valorarán las implicaciones jurídicas.
“Este Gobierno seguirá luchando por rescatar a la CCSS. A través de la página web de la Sala Constitucional, nos enteramos de la resolución de cuatro recursos de amparo que aún no han sido notificados al Ministerio de la Presidencia. En primera instancia, demuestra una división entre los criterios de los señores magistrados, así como una contradicción directa a lo señalado en el Tribunal Contencioso Administrativo. Aunque no podemos emitir un criterio de fondo, valoraremos las implicaciones jurídicas. Este es un tema nacional que involucra a la institución más importante de este país y reiteramos que esto no detendrá la lucha que este Gobierno inició para rescatarla”, detalló la jerarca.
