Durante la comparecencia, la expresidenta ejecutiva de la Caja afirmó que denunció a diputadas ante la CIDH.
La expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, se presentó este martes ante la comisión legislativa que investiga aparentes irregularidades en la institución, luego de varias semanas de haber sido convocada.
Durante la sesión, Esquivel, quien es diputada electa, habló sobre diferentes temas concernientes a su labor al frente de la Caja.
Uno de ellos tiene que ver con su presunta participación en el conocido caso Barrenador, el cual consiste en la contratación de cooperativas, por parte de la Junta Directiva de la Caja, para administrar ebáis con un aparente sobreprecio de más de 12.000 millones de colones anuales.
Sobre la investigación, Esquivel mencionó que se trata de una persecución política en su contra.
«Estos allanamientos se autorizaron sin fundamentación jurídica. Prácticamente, el juez copió y pegó la solicitud de la Fiscalía. Es decir, en este país actualmente un fiscal y un juez pueden pactar allanamientos en cualquier lugar. Esto violenta completamente la posibilidad de esperar imparcialidad de parte del juzgador y revela lo que hay detrás de esto, una persecución política basada en datos manipulados y amparada en funcionarios que utilizan esa institucionalidad para derribar rivales políticos», aseguró Esquivel.
Ante una consulta de la diputada liberacionista, Andrea Álvarez, la expresidenta de la Caja explicó parte de las medidas que asegura haber tomado en relación con la deuda del Estado.
«Hasta donde yo recuerdo, logramos revisar en la Caja más de un millón de datos y sí se encontraron inconsistencias. Entonces, voy a lo mismo. O sea, cuando el ministro me dice, «Yo no puedo pagar si no tengo certeza certeza absoluta de que eso hay que pagarlo porque después me lo van a venir a cobrar a mí», y creo que así hubiera sido.
Yo le entendí, pero además, les repito, hubo momentos donde Hacienda quiso pagar sumas de dinero y la Caja decía, «Si me paga, entra al global, no puedo asignárselo a ese grupo específico que ya está revisado, entra al global.» Entonces, ahí empezaba como un esquema que generaba atrasos en poder resolverlo y eso pasó no una vez, varias veces», añadió la exjerarca de la Caja.
Esquivel dio a conocer que tramita una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de algunas diputadas.
Según la exjerarca de la Caja, desde la comisión legislativa que investiga aparentes irregularidades en la institución se ha violentado su honor.
«No solo es un tema político, esta comisión también se ha utilizado con fines político-electorales. Eso está denunciado ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que espero que pronto me dé una respuesta y si tengo que ir a Washington a entregarla en físico, voy a ir. Voy a ir porque este país no se merece, doña Andrea, utilizar comisiones, recursos públicos para fines electorales.
Les debo decir que la mayoría de la prueba en el daño moral que estoy pidiendo en la Corte Interamericana son precisamente manifestaciones de señoras diputadas de Liberación Nacional y del Frente Amplio. Yo espero, por el bien de este país, que si esas manifestaciones me van a generar un daño moral y reputacional en dinero que no sea el Estado costarricense ni los costarricenses las que los paguen, sino aquellas que hayan generado ese daño», manifestó Esquivel.
Ante estas declaraciones, la diputada verdiblanca, Paulina Ramírez, recordó que el órgano legislativo no tiene ni pretende tener facultades condenatorias.
«Yo quiero aclarar el tema de las funciones de esta comisión, que esta es una comisión de control político, no es jurisdiccional. Aquí no vinimos a juzgar a nadie, no sancionamos a nadie, no podemos ni siquiera hacerles una limitante de esta comisión y tal vez para que no quede en el ambiente y no se informe o se haga creer que aquí nosotros estamos juzgando, simplemente es una comisión de investigación en donde se levanta información para generar un informe final.
Tal vez lo que usted asegura que se viene a hacer a esta comisión de la Caja, no lo podemos aceptar porque definitivamente en ningún momento vamos a tener facultades jurisdiccionales, que es la única que podría juzgar o podría sancionar. Yo creo que esto está en manos de la Fiscalía y usted tiene todo el derecho a la defensa y aquí también está manifestando todos los argumentos que usted quiera, tiene la libertad de hacerlo y no me gustaría que se piense que aquí en esta comisión estamos haciendo algo para lo cual no estamos facultados», afirmó la liberacionista.
