Activistas denuncian “retrocesos” en derechos y un Estado incapaz de garantizar seguridad, pese a 126 femicidios durante la actual administración.
Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que se esperan marchas en varias ciudades del país. Por ejemplo, habrá movilizaciones en San José, Liberia, Atenas, San Ramón, Cartago y Limón.
Diversas agrupaciones feministas denuncian un fuerte retroceso en los derechos de las mujeres durante la actual administración. De igual manera, aseguran que el Gobierno no responde ante el aumento de la violencia.
Según los datos presentados, desde mayo del 2022 se registran 126 femicidios, lo cual no ha derivado en una declaratoria de emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo.
Una de las organizadoras de la marcha y presidenta de la Red Feminista, Sylvia Mesa, manifestó que es fundamental que las personas deslegitimen las diferencias entre hombres y mujeres.
«Los femicidios han aumentado en cantidad y en crueldad. En el último año, registramos una mujer asesinada cada 5 días, un femicidio cada 10 días. ¿Qué es lo que necesitamos para erradicar la violencia contra las mujeres? En primer lugar, necesitamos voluntad política. Este gobierno se ha resistido a declarar emergencia en los casos de femicidios. Necesitamos que se fortalezca el sistema nacional para la atención y la prevención de la violencia, que las instituciones que lo componen cumplan con sus obligaciones con metas claras y definidas. Por último, necesitamos que se produzca un cambio cultural que deslegitime las diferencias entre los hombres y las mujeres», afirmó Mesa.
La marcha tiene tres consignas principales, según señaló la organizadora y activista por los derechos humanos de las mujeres, Yolanda Bertozzi.
«Marchamos porque esta administración acumula 126 femicidios y se niega a declarar emergencia nacional. Marchamos por el aborto legal y el derecho a decidir. Marchamos en solidaridad con las mujeres y el pueblo palestino, exigiendo que Costa Rica rompa relaciones con Israel y rechace el TLC.
Por otra parte, la institucionalidad costarricense enfrenta grandes debilitamientos como en el INAMU, la Caja Costarricense de Seguro Social y la educación pública. Marchamos porque todo esto tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción. La violencia contra las mujeres está alcanzando cifras que están superando toda la historia nuestra en este país. Estamos hablando de la falta de respuesta estatal, así como el retroceso a la ley 10.263 que ha afectado a las familias sobrevivientes de homicidios. La ineficacia de los puntos violeta que ha sido sumamente probada y demostrada, la alarmante violencia contra niñas, niños, adolescentes y un estado cada vez incapaz de garantizar la seguridad.
El aumento de la violencia doméstica por los derechos de las trabajadoras sexuales, por la lucha de las mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales, trans, afrodescendientes costeras, campesinas, obreras, cuidadoras; trabajadoras empobrecidas cada día más y afectadas por la violencia, el despojo y la precariedad», manifestó la activista.
La abogada y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la UNA, Larissa Arroyo, se refirió a la legislación existente en el país para luchar contra la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, la especialista afirmó que estas no siempre se cumplen a cabalidad.
«Tenemos dos cuerpos normativos que son los principales que tienen rango de ley, pero que incluso tienen rango supraconstitucional, que son la Convención Belém do Pará, sobre violencia basada en género; así como la Convención CEDAW. Eso lo quiero mencionar porque justamente el resto de nuestra normativa nacional deriva de estos dos instrumentos.
El Comité CEDAW hace recomendaciones generales, por ejemplo, en materia de violencia contra la mujer en la número 19, acceso a la justicia en la 33 y también en la 35 habla de un concepto que es la debida diligencia reforzada, que es básicamente reconocer que las mujeres vivimos una situación de violencia particular, que es estructural, histórica y establece que hay un deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia basada en género de manera inmediata, eficaz, integral; cosa que claramente en estos momentos con las estadísticas que tenemos de femicidio, de violencia sexual, no se está está haciendo.
¿Por qué lo planteo? Porque si usted ve nuestra normativa nacional, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, la ley de violencia doméstica, la ley contra el hostigamiento sexual el empleo y la docencia; hasta tenemos una contra la violencia contra las mujeres en la política o la violencia vicaria; pero desgraciadamente ninguna de esas realmente podríamos decir que se cumple a cabalidad. Esto es sumamente preocupante, porque entonces pareciera que toda esta normativa es un punto de partida, pero definitivamente no está dando los resultados deseados, que son el cumplimiento de los deberes jurídicos como la debida diligencia», explicó Arroyo.
