- Laura Fernández convirtió el tema en una de sus principales banderas políticas, aunque especialistas advierten que muchos regímenes ya fueron reformados y que una eliminación total sería jurídicamente compleja.
“Para eliminar, sí, para eliminar las pensiones de lujo”.
La frase de la candidata presidencial Laura Fernández Delgado provocó aplausos inmediatos durante su discurso político y reactivó uno de los temas que históricamente más indignación generan entre sectores de la población.
La promesa conecta con una percepción instalada desde hace años alrededor de jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos. Sin embargo, detrás del impacto político del anuncio aparece una discusión más compleja: ¿realmente pueden eliminarse las llamadas pensiones de lujo?
Especialistas consultados coinciden en que el margen para hacerlo es limitado debido a criterios constitucionales, derechos adquiridos y reformas que ya fueron aplicadas en administraciones anteriores.
El tema además volvió a la agenda legislativa del nuevo Gobierno. El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias el expediente 24.786, denominado “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público”.
La iniciativa propone establecer un tope máximo de ₡1,7 millones para las jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, incluidos los regímenes del Poder Judicial y del Magisterio. El monto equivale al máximo que actualmente paga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El proyecto ya había sido impulsado por la administración de Rodrigo Chaves Robles, aunque en ese momento fue rechazado y archivado en la Comisión de Asuntos Sociales.
Para el abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez, la eliminación absoluta de este tipo de jubilaciones enfrenta importantes barreras legales.
“Es difícil eliminar una pensión, sea o no sea de lujo”, explicó el especialista.
Rodríguez señaló que la jurisprudencia de la Sala Constitucional reconoce que las personas que cotizaron durante años bajo determinados regímenes poseen una expectativa legítima sobre esos beneficios y posteriormente consolidan un derecho adquirido.
“Una vez que yo ya disfruto la pensión, ya consolidé una situación jurídica concreta. Tengo un derecho adquirido a esa pensión, por lo que la discusión sobre su eliminación es muy compleja”, afirmó.
El abogado indicó que sí podrían impulsarse reducciones, topes o contribuciones solidarias, debido a principios constitucionales como la sostenibilidad financiera, la igualdad y la distribución de la riqueza.
“Se podrían disminuir o equiparar los montos, pero eliminar como tal me parecería que no”, agregó.
La Sala Constitucional ha mantenido durante años una línea similar en distintas resoluciones. Los magistrados han avalado reformas dirigidas a limitar privilegios o aumentar cargas solidarias, siempre que las medidas resulten proporcionales y no eliminen completamente derechos ya consolidados.
Por eso, distintos gobiernos han optado más por ajustes graduales que por la eliminación total de los regímenes especiales.
El politólogo Sergio Araya recordó que una de las reformas más relevantes ocurrió durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, cuando se eliminó el ajuste automático del 30% que recibían las pensiones de exdiputados.
Araya explicó que años antes también se había eliminado para los diputados en ejercicio la posibilidad de acceder automáticamente a este tipo de jubilaciones especiales.
“En el 2015 lo que se hace es evitar el aumento automático del 30% sobre la base anual”, señaló.
El analista agregó que posteriormente se aprobaron más impuestos y contribuciones solidarias para las pensiones más altas, incluyendo medidas aplicadas al régimen del Poder Judicial.
“Entre más alta es la pensión, más se paga”, indicó.
En los últimos años, el debate sobre pensiones de lujo se ha convertido en una bandera frecuente dentro del discurso político costarricense. El tema suele generar amplio respaldo ciudadano porque simboliza privilegios asociados al Estado y desigualdades dentro del sector público.
Sin embargo, especialistas consideran que el alcance real de nuevas reformas podría ser más limitado de lo que suele plantearse en campaña política.
