Las tres particularidades del Presupuesto Nacional 2027

Este lunes, los diputados someterán el proyecto de Presupuesto Nacional a su segundo debate.

Los diputados votarán este lunes, en segundo debate, el Presupuesto Nacional para el 2027: ¿cuáles son las particularidades de este proyecto?

Fue el pasado 1 de setiembre que el Ministerio de Hacienda presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2027, por un monto total de 12.4 billones de colones.

Este documento establece los ingresos, gastos y deudas del Estado y cómo será su distribución entre cada institución pública durante el próximo año.

Según las proyecciones de Hacienda, cuatro instituciones mantienen su presupuesto, como la Contraloría General de la República; 17 bajan, como el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación; y seis suben, como los Ministerios de Hacienda y Presidencia y el MOPT.

Las particularidades del Presupuesto

Tanto el proyecto de presupuesto como su trámite tienen, al menos, tres particularidades este año:

1. La rápida aprobación: prácticamente 20 días antes de la fecha límite que establece la Constitución Política
2. Un rebajo en el monto total: pasando de 12.8 billones para el 2026 a 12.4 para el 2027
3. Condiciones específicas para desembolsar recursos al Poder Judicial: como certificaciones de la Contraloría General de la República y discusiones en la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público

El exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, indicó que los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico son de orden, y se refirió también al monto total para el próximo año.

“Han habido otras que no esperan hasta el plazo final, no recuerdo una tan rápida como esta, pero en realidad el plazo es perentorio, o sea, no es que tiene que votarse ese día, no, a más tardar tiene que votarse los días que indica la Constitución y el Reglamento Legislativo y se puede votar antes, y bueno, eso es lo que pasó en esta ocasión, es un manejo político; con la rebaja hay que tener en cuenta una cosa: dentro del presupuesto, que no es un gasto propiamente, va lo que se llama la partida amortización, la partida amortización en realidad es la autorización para emitir nueva deuda que se usa para pagar la deuda que se va a vencer el próximo año, eso no es propiamente un gasto, entonces, en realidad no podríamos decir que el gasto va a bajar el año entrante”, explicó.

Punto de vista de los diputados

Diferentes integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios se pronunciaron sobre la pronta aprobación del presupuesto, y las dudas en torno a sus disposiciones.

El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, considera que no debería apresurarse la discusión, que recuerda como la más rápida de la última década.

“No por mucho correr se llega antes ni se llega mejor, en los 10 presupuestos ordinarios anteriores, en los últimos 10 años, la aprobación definitiva más temprana de un presupuesto fue el 21 de noviembre, si el oficialismo hoy quiere aprobar el presupuesto un 9 de noviembre, se va a adelantar 12 días incluso del precedente más temprano en una década, ¿para qué correr si hay tiempo para corregir el proyecto de presupuesto? Bueno, la presidenta de la Asamblea Legislativa dice que basta una mayoría simple, es decir, 29 votos, porque no quisieron hacer la consulta formal a la Corte Suprema de Justicia, pero el artículo de la Constitución 167 obliga a consultar a la Corte cuando un proyecto afecta a la organización o al funcionamiento del Poder Judicial, si la presidenta considera que faltó la consulta formal, corresponde hacerla antes de votar, y si el oficialismo insiste en apartarse del criterio de los jueces, para aprobar el proyecto van a necesitar 38 votos; el gobierno está presupuestando casi 30.000 millones de colones menos para el Poder Judicial con un uso restringido, el Poder Judicial ha advertido que estas trabas van a frenar, entre otras cosas, la morgue judicial de Buenos Aires de Puntarenas y va a limitar el nombramiento de casi 2.467 funcionarios judiciales, incluyendo personal del OIJ y la fiscalía, que es indispensable para investigar delitos y atender a las víctimas de la delincuencia y el hampa”, expresó.

En similar sentido se pronunció la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, quien resaltó las consultas realizadas a la Sala Constitucional.

Ella cuestionó las condiciones que se han impuesto al desembolso de recursos para el Poder Judicial, como certificaciones de la Contraloría General de la República y discusiones en la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.

“En política hay que actuar con rapidez, pero también con mucha responsabilidad, no podemos andar por la vía corriendo cuando estamos tomando decisiones tan delicadas para el país, aprobar el presupuesto nacional a golpes de tambor, sin análisis, sin la discusión que se merece, es casi una irresponsabilidad, y también hay que ver qué es lo que dice la Sala Constitucional sobre los posibles vicios de procedimiento en las normas que podrían violentar nuestra constitución; también me preocupa muchísimo que se pretenda condicionar el uso de los recursos y los nombramientos del Poder Judicial a autorizaciones legislativas, no podemos, honestamente, politizar los nombramientos que necesita el OIJ y el Ministerio Público para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, una cosa es fiscalizar los recursos públicos y otra muy distinta es permitir que decisiones técnicas dependan de negociaciones políticas, y con respecto a los presupuestos de educación, la verdad que la situación también es bastante preocupante”, concluyó.

Columbia consultó a la fracción oficialista, pero de momento se espera su respuesta.