La presidenta del Inamu (derecha) y la ministra de la Condición de la Mujer (izquierda) expresaron sus profundas preocupaciones por los femicidios en el inicio del 2025.
Enero registra cinco casos de femicidio en Heredia, San Ramón, San Carlos y Cahuita. Ingrid Espinoza, Tamara Centeno, Sandra Oporta,
Maribeth Mondragón y Miriam Fernández son los nombres de las víctimas mortales que ha dejado la estela de violencia. Los hechos más recientes ocurrieron con pocas horas de diferencia esta semana.
Tras los últimos casos, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Yerlin Zúñiga, han externado una serie de puntos que consideran de indispensable atención para prevenir más muertes de este tipo.
Con especial inquietud, las autoridades han visto en redes sociales como proliferan publicaciones en las cuales se justifica al agresor y se indica que si la mujer no hubiera actuado de «equis» forma, el crimen no habría ocurrido.
Zúñiga expresó que en estos casos la responsabilidad del delito es solo del femicida. No existe justificación alguna para matar a la pareja o compañera sentimental.
«¿Hay justificación alguna para matar a la mujer? No hay ninguna. Son libres, tienen la libertad de tomar la decisión de continúan con su pareja o no. Todas las personas debemos respetar la vida, la integridad física, emocional y la dignidad de las mujeres. Insisto, esto no es un crimen pasional, no quiero que se siga justificando el por qué se hizo», dijo.
«La responsabilidad del asesinato es del femcidia y la vida de una mujer no le pertenece a un hombre y las personas podemos ir replicando comentarios que estén posicionando esa estructura de machismo y dominio del hombre sobre la mujer porque consideran que le pertenece», añadió.
La ministra Quesada se refirió a la posibilidad de que el Poder Judicial tenga medidas más fuertes contra los agresores o potenciales femicidas.
A veces no basta con las órdenes de alejamiento o medidas de protección que suelen ser irrespetadas. Resaltaron que en el caso de San Rafael de Heredia, el sospechoso registraba 15 incidencias por hechos de violencia.
«Se les da una hoja a los perpetradores y se les dice ‘no se acerquen a sus víctimas, que son más de 50 mil las que se dan al año de estas medidas. La mayoría, por dicha, las acatan pero hay casos donde hay una vulnerabilidad especial y un grado de peligrosidad, que es riesgo deberían estarlo analizando tanto los jueces como los fiscales y tramitarlo directamente según la ley de penalización de la violencia doméstica y no esperar una medida cautelar preventiva sino dictar orden de captura inmediatamente», afirmó.
Se sabe que muchas mujeres no denuncian los casos o no acuden al INAMU en busca de ayuda. Las razones son muy variadas: el miedo a dar el paso, la desinformación o normalizar la situación que viven son algunas de ellas.
En otros oportunidades, acuden al INAMU pero no aceptan la medida de protección de ir a un albergue y alejarse del agresor. Así sucedió en el caso de Cahuita.
A esto se suma el rol de familiares, amigos o allegados, que conocen las situaciones de violencia contra las mujeres. Denunciar o ayudar a una víctima a tiempo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, recordó que gran parte de los femicidios ocurren en circunstancias en las cuales la Policía no puede intervenir.
«Estos acontecimientos suceden en el ámbito de los hogares. Fuera de los escenarios públicos en donde las fuerzas policiales ejercen sus patrullajes preventivos y normalmente los perpetradores son personas sobre las que se han dictado de manera previa medidas judiciales que han resultado inefectivas para evitar tales femicidios», explicó.
También se hizo un llamado a los medios de comunicación para ejercer una cobertura responsable de estos casos de femicidio. Sin bien, son noticia, la manera de informar es clave para no dar detalles innecesarios de los crímenes, mensajes incorrectos y preservar el respeto hacia las víctimas y sobrevivientes.
La Fiscalía Adjunta de San Ramón consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva en contra de un hombre de apellido Moriondo, sospechoso del femicidio de la joven Tamara Centeno Murillo.
