Tras múltiples intentos fallidos, inició el debate este lunes en los Tribunales de Goicoechea. El caso quedó con 13 imputados pues uno de ellos tiene problemas de salud y sería juzgado en otro proceso.
Trece años después de que se presentaron las denuncias, comenzó el juicio por el caso conocido como La Trocha Fronteriza.
Se trata de la ruta 1856 que es paralela a la frontera con Nicaragua, construida en el Gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla luego de que, en el 2010, se denunció la presencia de militares del vecino país en el territorio de Isla Calero, ubicada en el Caribe Norte.
En mayo del 2012, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, denunció supuestas irregularidades e incumplimientos en los trabajos.
La Fiscalía acusó a un grupo de 13 personas, entre empresarios y funcionarios por supuestas irregularidades en el cobro y pago de facturas en las obras, con la complacencia de funcionarios del Estado.
Señala supuestas dádivas de particulares a funcionarios públicos y anomalías en las facturas con montos elevados o que no correspondían, entre otros hechos. En cuanto a los «favores» se mencionan asuntos como el pago de cenas o disfrute en lugares de entretenimiento.
Escuche aquí un extracto de la lectura de la acusación a cargo del fiscal Diego Maroto (En la foto con el documento en las manos):
La acusación por el caso de La Trocha fronteriza es tan extensa, en cantidad de páginas, que es posible que la Fiscalía demore varios días en leerla.
Un imputado menos
El juicio estaba señalado para realizarlo contra catorce personas, nueve empresarios y cinco funcionarios del Estado, sin embargo, este lunes se conoció de la incapacidad de uno de los imputados, de apellido Campos, cuya condición de salud le hace imposible comparecer.
A solicitud del abogado defensor, el Tribunal resolvió separar al empresario de la causa y tramitar su caso de forma separada, en lo que se conoce judicialmente como un testimonio de piezas. Así lo explicó el juez Alexander Salazar Chacón:
Antes de que comenzara el debate, Juan Pablo Rojas, el defensor público de un imputado de apellido Mora, comentó que se hicieron las gestiones para una evaluación de la condición mental de su representado con el fin de determinar si la situación es incapacitante. Refirió que el hombre tiene problemas de memoria y se pidió analizar si hay deterioro cognitivo.
El juez Salazar resolvió que existe un dictamen previo, que de momento, habilita al acusado a participar. Una vez que se conozcan los resultados del nuevo estudio, podría verse el tema en las audiencias.
Largo camino
En el 2019 se dio a conocer que se solicitó sobreseimiento a favor de 48 personas que fueron investigadas por el caso de La Trocha. Noticias Columbia consultó a la Fiscalía cuál fue la razón en ese momento y por qué se descartó la participación de altos jerarcas de Gobierno o del Poder Judicial.
«El Código Procesal Penal en su artículo 311 establece las razones por las cuáles el Ministerio Público (MP) puede solicitar al Juzgado Penal un sobreseimiento definitivo, en este caso se solicitó con fundamento a que no existía suficientes elementos de prueba para sostener que los imputados cometieron los delitos que se les investigó. Con la prueba recabada por el MP no fue posible establecer la responsabilidad penal de esas 48 personas, incluyendo en ese momento altos jerarcas del gobierno, como Chinchilla (presidenta), Liberman (vicepresidente) y Jiménez (Ministro del MOPT). No se omite en indicar que, del Poder Judicial, nunca se tuvo a nadie como sospechoso.», respondió por escrito el Ministerio Público.
Del grupo que quedaba, de 26 personas solo 14 se incluyeron en la etapa de juicio. ¿Qué sucedió con las otras 12? «Llegaron a una medida alterna en la audiencia preliminar», añadieron.
En el 2023, el caso llegó a juicio, sin embargo, fue suspendido en marzo y luego en abril. Entre las razones estuvieron la inhibitoria de un juez y la emergencia sufrida por uno de los imputados quien tuvo un accidente de tránsito.
Por temas de agenda, el debate se programó para el 31 de marzo del 2025. Ese día, el Tribunal comunicó el traslado de la fecha para el 7 de abril, pero en el horario de extraordinario, es decir, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
El cambio en el horario se hizo, previa autorización del Consejo Superior del Poder Judicial, para permitir que el abogado particular José Miguel Villalobos pudiera asistir, pues debía atender otro proceso de crimen organizado (Caso Fénix) durante la jornada ordinaria de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Villalobos era el defensor de ocho de las 14 personas acusadas en el proceso de La Trocha. Desde el inicio se opuso a la idea de atender al mismo tiempo dos juicios complejos con expedientes voluminosos y gran cantidad de testigos.
El abogado no asistió a dos de las audiencias del 7 y 8 de abril. El Tribunal consideró que había abandonado la causa judicial y pidió a sus clientes que buscaran otro defensor de confianza; de lo contrario, se les asignaría uno del Estado para que estuvieran en el juicio.
El 24 de abril, al no haber informado de una nueva representación legal, los jueces dispusieron que se asignaran los defensores públicos. De esta forma, se nombró a las defensoras públicas Desireé Rodríguez, Paola Vargas Amador y al defensor Andrés Rodríguez.
El 6 de mayo, hubo un nuevo intento por comenzar el juicio pero no fue posible. Los defensores públicos hicieron dos solicitudes al Tribunal. La primera fue postergar tres meses el inicio del debate para poder estudiar a fondo el expediente que está compuesto por miles de folios y cientos de piezas de evidencia.
La otra fue que el juicio se realizara en la jornada ordinaria, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. al considerar que ya no tiene sentido continuar en la tarde y noche. Argumentaron que ese período se había fijado para permitir la presencia de Villalobos, quien ahora no forma parte del proceso.
Tras dar audiencia a todas las partes, el Tribunal rechazó las peticiones y fijó el inicio del debate para el 26 de mayo. Ese día, se dio a conocer que la Defensa Pública y algunos imputados acudieron al Consejo Superior del Poder Judicial para insistir en que el debate se realizara en horario diurno.
La gestión se resolvió el 27 de mayo. Ese día, el Poder Judicial, comunicó que, por disposición del Consejo Superior, el debate se debía mover al horario diurno «porque la causal que ocasionó el horario vespertino ya no existe».
El 28 de mayo, se anunció un cambio de Tribunal para asumir las jornadas de día y tarde. Lo integran los jueces Alexander Salazar Chacón José María Arguedas Salazar y José Pablo Alvarado Cascante quienes establecieron el inicio del debate el 30 de junio, fecha en la que finalmente comenzó.
Nota: Por solicitud de los imputados y disposición del Tribunal de juicio, no es posible divulgar su imagen.
