El alegato lo hizo este martes como el primer compareciente ante la Comisión Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la institución.
La capacidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social “es extraordinaria”, según alegó el expresidente de la institución, Álvaro Ramos.
El alegato lo hizo este martes como el primer compareciente ante la Comisión Legislativa que investiga presuntas irregularidades y otros aspectos dentro de la institución.
Ramos fungió como presidente ejecutivo desde el inicio de la actual Administración hasta septiembre del 2022, cuando las diferencias con el Gobierno, como la situación financiera de la Caja, obligaron a su salida del puesto.
Sobre la situación financiera de la CCSS
Uno de los temas que se abordó durante su participación en la Comisión Legislativa que investiga presuntas irregularidades y otros aspectos dentro de la institución fue la situación financiera.
Este incluso fue uno de los motivos de discrepancia entre el exjerarca y el Gobierno, lo que llevó a su salida en septiembre del 2022, tan solo cuatro meses después de su nombramiento.
Durante las consultas de la liberacionista Paulina Ramírez, Ramos indicó que la institución tiene una “excelente salud financiera”.
“La capacidad financiera de la Caja en este momento es extraordinaria, estamos hablando de que el año pasado el excedente de ingresos corrientes sobre gastos corrientes fue de 1.500 millones de dólares, sólo en un año, y este año vamos al mismo ritmo o aún más elevado, porque yo revisé los datos del primer semestre en la Contraloría y me decía que ya vamos todavía más rápido que el año pasado, entonces digamos que haciendo una aproximación solo en el 2023 y en el 2024 estamos hablando de 3.000 millones de dólares de excedente; el problema lo tienen los que insistían que la Caja estaba quebrada, yo insisto que no lo está, que tiene una excelente salud financiera y que si no lo proponemos, con voluntad política, podemos triunfar todas las brechas de salud que tenemos”, explicó.
Seguidamente, la frenteamplista Rocío Alfaro indicó que la intención de fomentar una imagen negativa de la Caja es conseguir privatizarla, lo cual “no es impericia ni negligencia, sino una intención de perjudicar la institución”.
Ramos agregó que el país tiene alrededor de 1.050 Ebais, de los cuales 138 se iban a adjudicar a cooperativas de salud a través del contrato cuestionado. Para él, el país necesita, al menos, 300 Ebais adicionales.
La diputada Alfaro consultó si, financieramente, la Caja podía cubrir los Ebais incluidos dentro de los contratos de tercerización, a lo que Álvaro Ramos respondió que, aunque históricamente no, en el momento sí lo hubiese podido afrontar.
Sobre la tercerización de servicios
El expresidente ejecutivo de la Caja también señaló que la Junta Directiva no debería adjudicar contratos de tercerización.
Según Ramos, la Junta Directiva siempre ha adjudicado contratos de tercerización, o el delegar la prestación de servicios de salud a entidades externas, pero esto no es lo recomendable.
También se refirió a lo que sucedió con el Reglamento Interno de Tercerización, que llevó a algunas controversias con el contrato con las cooperativas de salud que llevó al caso judicial conocido como “Barrenador”.
“Se supone que la junta directiva no adjudique un contrato, y esto me lo indicó incluso a la propia contralora Marta Acosta en mi primera semana como presidente ejecutivo, tuvimos una larga conversación de muchos temas y uno de los temas que se tocó fue este, que a nivel de gobernanza corporativa no es sano que la junta directiva adjudique, lo sano es que una junta directiva reglamente, y a partir de esa reglamentación de cómo debe procederse con las adjudicaciones ahí sí, existen instancias técnicas y gerenciales que determinan cómo se adjudica; el conflicto que había a nivel contractual tenía que ver con la forma en que el contrato de las cooperativas se apegaba o no se apegaba al Reglamento de Tercerización, pero el Reglamento de Tercerización fue derogado en marzo del 2023, esta derogatoria desde el inicio me causó bastante sorpresa, porque de alguna manera va en contrapelo del espíritu de lo que me había indicado la señora contralora”, detalló.
El exjerarca señaló que el Reglamento se podía reformar, y que la derogatoria se dio en ausencia de representantes del sector social.
El oficialista Daniel Vargas respondió a Ramos que la derogatoria la recomendó la Auditoría Interna.
Por su parte, la socialcristiana Vanessa Castro consultó sobre el impacto de la derogatoria en el contrato que se investiga dentro del Caso Barrenador. “Absolutamente, fundamental, o sea, si el Reglamento estuviera aún vigente nunca se podría haber elaborado el contrato que se elaboró”, respondió Ramos.
Durante la audiencia, hubo personas en la barra de público con pancartas en apoyo a la presidenta suspendida de la Caja, Marta Esquivel.
Los diputados aprobaron una moción para convocar a la vicepresidenta de la República, Mary Munive, y a la directora actuarial de la Caja, Carolina González.
