Escuche aquí una entrevista con el viceministro de Justicia Nils Ching, quien habla sobre la forma en que se desarrollará esta infraestructura penitenciaria.
El visado de planos y comenzar el proceso de licitación, son los pasos que siguen para iniciar la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad que tendrá el país en San Rafael de Alajuela.
La promesa del Gobierno es que, una vez adjudicada la obra, el proceso de construcción tardaría 195 días, que equivalen a seis meses y medio.
El presupuesto inicial, con el visto bueno de la Comisión de Hacendarios del Congreso, ronda los ¢8.000 millones. Ese monto financia el 40% de la obra que está basada en el modelo salvadoreño para la contención de criminales de alto perfil. En entrevista con Noticias Columbia, el viceministro de Justicia, Nils Ching, espera que no haya contratiempos en el proceso.
El viceministro afirmó que el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), habrá vigilancia estricta y tecnología para evitar el ingreso de celulares, armas, drogas o dinero. Destacó que será un sitio donde imperarán el orden y la disciplina.
Le consultamos si se tomarían algunas medidas similares a las que se emplean en El Salvador como el uso de uniforme.
«El tema de que las personas privadas de libertad deban de tener un informe… eso presenta muchas posibilidades positivas para un sistema penitenciario y sí se ha visualizado; eso es óptimo, eso nos lleva a abonar al tema de seguridad y nos lleva a abonar también incluso a un ahorro respecto a lo que la persona debe invertir. El sistema debe invertir en positivo para abonar a la seguridad de la institución», dijo.
Escuche aquí la entrevista completa:

Ching explicó que el diseño de la cárcel, con un pasillo central y las celdas a los lados, permite observar mejor y vigilar con menos personal. Resaltó que en Costa Rica hay cárceles que están habilitadas en infraestructura que no fue diseñada para ese fin y por eso se dan las complicaciones en la supervisión.
El Gobierno informó que el CACCO se construirá en un terreno de 90 mil metros cuadrados de los cuales 31 mil serán de edificación. Ahí serán remitidos los privados de libertad vinculados al crimen organizado, extraditables o que representen un peligro por sus conductas violentas.
La cárcel constará de cinco módulos para 1.020 personas cada uno, «bajo vigilancia extrema». Tendrá un amplio puesto de revisión, consultorios médicos, edificio administrativo, siete fortines de vigilancia y 20 celdas de aislamiento, entre otras obras.





