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Villalta puso la semilla y Chaves la sembró: Así es el proyecto de atún que toca el bolsillo de los pescadores

by Valeria Martínez Roque

La gran mayoría de Congresistas apoyaron la propuesta que ayudará a que “la gente sepa cómo aprovechar de mejor manera el atún”.

Los diputados aprobaron un proyecto de ley con la intención de ayudar a los pescadores que se han visto afectados económicamente durante los últimos años.

El texto, impulsado en un principio por el ex legislador José María Villalta del Frente Amplio, se volvió una prioridad para el gobierno de Rodrigo Chaves y para 50 congresistas.

Pero, ¿de qué se trata?

La propuesta aumenta de 12 a 80 millas el área de protección para la pesca de atún de forma regulada y crea incentivos para que los barcos industriales y semiindustriales entreguen el producto en la industria nacional.

Además se obliga al Incopesca a realizar los estudios necesarios para crear, mediante un fideicomiso, una flota atunera nacional “con artes de pesca debidamente calificados y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial”.

También exige al Poder Ejecutivo suplir ese fideicomiso con ¢4.000 millones en un periodo de cuatro años, a través de transferencias vía Presupuesto Nacional.

Y la reforma incluye varios párrafos en la Ley de Incopesca para aumentar la obligación estatal de garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.

Ahora bien; en cuanto a las licencias, los diputados actualizaron el artículo relacionado con su otorgamiento por parte del Instituto, y exige que se tome en cuenta el volumen de la bodega de pescado del barco, los cánones establecidos por los países ribereños para ese tipo de flota, la eslora total, la potencia del motor, el tipo y número de aparejos de pesca, los equipos de navegación, las modalidades de pesca; la zona de pesca y especies por capturar; las necesidades de materia prima para las plantas procesadoras nacionales y las políticas de conservación y preservación del recurso atunero.

Entre 2008 y 2011, Costa Rica percibió por el pago de cánones de licencias de atún un ingreso promedio de $37 por tonelada de atún
extraído.

Mientras tanto, en el mercado internacional,
cada tonelada de atún que se procesa como producto enlatado tiene un precio de $2.800 y si esa tonelada es vendida como producto
fresco puede valer entre $6.000 y $10.000.

La ley declara el atún como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención por embarcaciones nacionales para el mercado costarricense, su industrialización o exportación fresco o congelado, por embarcaciones extranjeras para su industrialización por plantas de conserva nacional.

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