El director de Fuerza Pública dijo que, además del caso de Puntarenas, la Policía se ve obligada a custodiar, en tres hospitales, a personas con perfil criminal “para que no los maten”.
Las autoridades de los Ministerios de Seguridad y Justicia aseguran que están haciendo frente común contra los hechos violentos que afectan al país, pero reclaman al Poder Judicial las débiles medidas cautelares que se dictan en muchos casos a personas sospechosas de delitos graves.
A criterio de los jerarcas, esto provoca que vuelvan a las calles a delinquir con hechos como homicidios, usos de armas de fuego, asaltos o tráfico de drogas.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, afirmó que no es su intención entrar en polémica con el Poder Judicial, pero desea señalar situaciones que afectan a la ciudadanía.
“Hoy no quisiera hablar mal del Poder Judicial sino que nos encontremos a un mismo nivel; ni uno más arriba que el otro aun respetando la independencia de Poderes. Pero hoy en día nos quejamos de que las personas que nos están dañando la población son gente reincidente y en su mayoría andan con su tobillera, libres”, dijo.
Eso nos da un pesar enorme pero también quiero que la población sepa que la Policía hace un gran esfuerzo con tener a este gente detenida y rápidamente están fuera circulando por las calles”, agregó.
El director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, puso como ejemplo el caso del Hospital de Puntarenas, donde un hombre aparentemente ingresó para atentar contra otro que estaba internado. Indicó que la persona hospitalizada tiene un amplio historial delictivo.
“Siete pasadas del 2018 al 2022 por decomiso de droga, portación de arma, resistencia, asalto, detonaciones con arma de fuego; una persona con expediente judicial. Causas recientes del 2022: resistencia a la autoridad, una causa de homicidio en el 2020”, repasó.
“Estas son las personas que nos están disparando la violencia en la calle, una persona identificada por la Policía, vinculada a una estructura criminal de la zona, información que está en manos de la Policía Judicial y que ha sido objetivo de trabajo de la Policía Judicial. Ya tiene causas, ya ha sido presentado a la autoridad judicial”, recalcó.
Calderón incluso dijo que este caso no es aislado, pues en San José, actualmente, tiene situaciones similares.
“¿Qué va a hacer la diferencia? Bueno, que estas personas violentas, con todo ese historial delictivo, ya no estén en libertad porque, de lo contrario, pasa lo que está ocurriendo en este momento… que yo tengo custodia en tres hospitales de San José, recurso policial que debería estar en la calle patrullando, velando por la seguridad de ciudadanos honestos… no… estamos cuidando en hospitales personas con este perfil criminal para que no los maten”, reprochó.
El viceministro habla de casos de personas peligrosas, que son detenidas reiteradamente, pero aún no tienen sentencias de cárcel. Entonces considera que las medidas cautelares deben incluir la prisión preventiva.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, respaldó la posición del Ministerio de Seguridad y citó otros ejemplos de personas que no deberían estar libres.
“Es lamentable la situación de violencia que vive el país, pero es más lamentable cuando uno piensa que tal vez muchas de estas muertes se pudieron evitar si cada uno de los actores principales hubiese hecho lo que le correspondía en cada uno de sus sectores”, expresó.
“Tenemos el ejemplo del homicidio de la señora en Quepos. Una persona (el sospechoso de matarla) con antecedentes de homicidio que debió estar en prisión y no estaba en prisión”, agregó.
Campos citó otro caso de tres líderes de una banda criminal, relacionados con narcotráfico, que “en lugar de estar en prisión, simplemente les dan monitoreo (con tobillera electrónica) y los dejan estar en toda una provincia”. Es decir, puede salir de sus casas y moverse en una amplia zona donde son sospechosos de cometer delitos.
A Campos se le consultó si el sistema penitenciario estaría en capacidad de recibir un aumento de privados de libertad si hubiera medidas más drásticas contra los reincidentes.
“El asunto no es si hay más cárceles o no. El asunto es si están en las cárceles las personas que tienen que estar. Yo creo que ahorita hay espacio en las cárceles, el problema es que no están adentro las personas que tienen que estar. Y ¿estamos llamando a cuentas a aquellas personas responsables de que no estén adentro? Porque es muy fácil decir que es culpa de los cuerpos policiales”, cuestionó el Ministro de Justicia.
El jerarca insistió en que no es un asunto de espacio carcelario si no de privar de libertad a integrantes de crimen organizado y de grupos “que están haciendo esta masacre”.
El ministro de Justicia Jorge Torres aseguró que se están coordinando reuniones con el fiscal general Carlo Díaz y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
Datos del OIJ revelan que el 2022 finalizó con 656 homicidios y una tasa de 12.6 por cada 100 mil habitantes. Estas cifras son las más altas en la historia de Costa Rica.
