- Comparecencia evidencia tensión entre proyección de beneficios y ausencia de indicadores concretos.
La millonaria inversión del Instituto Nacional de Seguros (INS) para cambiar el nombre del Estadio Nacional de Costa Rica volvió al centro del debate legislativo, luego de que en su comparecencia de este lunes las autoridades defendieran el gasto bajo un argumento clave: la recordación de marca como motor de sostenibilidad.
Durante la sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la jefa de Relaciones Corporativas del INS, Kattia Castro, sostuvo que el patrocinio —que ronda los ₡782 millones— responde a una estrategia publicitaria basada en posicionamiento, en la que la visibilidad precede cualquier decisión de compra. Según explicó, la institución realizó análisis de costo-beneficio que proyectan resultados positivos a lo largo del tiempo y no de forma inmediata.
Sin embargo, la comparecencia dejó en evidencia una brecha entre la lógica técnica del mercadeo y la exigencia política de resultados concretos. Ante las consultas de diputaciones, la funcionaria no detalló cifras sobre un eventual aumento en la venta de seguros ni indicadores directos derivados del cambio de nombre, lo que trasladó la discusión hacia la dificultad de medir el impacto inmediato de este tipo de inversiones.
Desde la administración del estadio, la gerente general Diana Posada defendió el contrato al señalar que el derecho de denominación incrementa el valor del acuerdo y asegura ingresos estables para el mantenimiento del recinto, en contraste con la alta dependencia previa de ingresos variables. Bajo esta lógica, el cambio de nombre no solo responde a una estrategia del INS, sino también a una necesidad financiera del estadio.
El debate, no obstante, trasciende lo financiero. Para el vicerrector de Innovación de la Universidad Latina, Cristian Bonilla, la inversión puede considerarse eficiente desde un punto de vista técnico, debido a la alta exposición que ofrece un espacio con eventos masivos constantes. Aun así, advirtió que el verdadero cuestionamiento está en el impacto estratégico: el INS ya es una marca ampliamente reconocida, por lo que el reto no es visibilidad, sino reputación y confianza.
A esto se suma un elemento cultural. La resistencia a adoptar nuevos nombres en espacios emblemáticos podría limitar el alcance real de la estrategia, como ha ocurrido en experiencias previas en el país, lo que introduce dudas sobre la efectividad del cambio más allá del papel.
La comparecencia dejó así un escenario abierto: mientras el INS defiende la inversión como una apuesta de largo plazo basada en posicionamiento, los cuestionamientos políticos apuntan a la ausencia de resultados medibles en el corto plazo y al simbolismo de intervenir un ícono nacional. En ese cruce, la discusión ya no es solo publicitaria, sino sobre cómo se justifica el uso de recursos públicos en estrategias cuyos beneficios son, por ahora, más proyectados que comprobables.
