- El caso involucra presuntas gestiones para otorgar un seguro de caución y el ingreso de fondos millonarios a través del puesto de bolsa del INS.
Las denuncias surgidas a partir de las comparecencias de exjerarcas del Instituto Nacional de Seguros (INS) ante la Asamblea Legislativa ya activaron dos procesos de investigación distintos, uno en el ámbito administrativo y otro en sede penal, ambos vinculados a presiones políticas y financieras relacionadas con el uso del aparato institucional.
Por un lado, la Auditoría Interna del INS confirmó a Noticias Columbia que abrió una investigación preliminar este mes de enero, luego de valorar los indicios expuestos por la expresidenta del INS, Mónica Araya Esquivel, y el exgerente general, Luis Fernando Monge Salas, durante sus declaraciones bajo juramento ante la Comisión Permanente de Ingreso y Gasto Público.
El auditor general del INS, Gustavo Retana, explicó que el proceso se origina directamente en esos testimonios.
“La Auditoría Interna va a realizar una investigación preliminar a partir de enero del 2026, con base en los indicios que se desprenden de las declaraciones de la señora Mónica Araya y de Luis Fernando Monge”, indicó Retana a Noticias Columbia.
Retana aclaró que, debido a la etapa en la que se encuentra el procedimiento, no es posible ampliar detalles.
“Al encontrarse el proceso en su fase preliminar, es toda la información que podemos brindar por el momento. La investigación es confidencial”, señaló.
Las declaraciones que dieron pie a esta investigación apuntan a supuestas presiones del presidente Rodrigo Chaves para que el INS otorgara un seguro de caución a la empresa mexicana Tradeco, interesada en un contrato estatal por $180 millones para la ampliación de la ruta Barranca–Limonal.
Mónica Araya relató que el mandatario reaccionó de forma airada cuando ella le informó que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos y financieros.
“Se lo expliqué con toda claridad al señor presidente. La respuesta fue un ‘no’ definitivo. El presidente se molestó y me indicó que debía ‘ver cómo lograrlo’”, declaró Araya ante los diputados.
Según la exjerarca, las presiones continuaron incluso después de esa negativa.
“Posteriormente el presidente me volvió a llamar y me dijo que había conversado con Gabriela Chacón y con Luis Fernando Monge, y que era posible otorgar un seguro de caución”, afirmó.
En un segundo frente, el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, reveló una presunta presión para permitir el ingreso de fondos millonarios a través del puesto de bolsa INS Valores, operación que habría sido promovida por Federico Cruz Saravanja, conocido como “Choreco”, amigo y exasesor del presidente.
“Choreco presionó para que se autorizara el ingreso de $10 millones al puesto de bolsa del INS”, declaró Monge.
Monge explicó que la transacción fue detenida luego de que la Oficialía de Cumplimiento Corporativa detectara vínculos con una persona altamente cuestionada en el ámbito financiero.
Estos hechos motivaron a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación penal por el presunto delito de legitimación de capitales contra Cruz Saravanja.
El abogado y experto en derecho administrativo Óscar González explicó que la investigación interna del INS tiene un alcance distinto al penal.
“La investigación preliminar sirve para determinar si hay faltas administrativas, identificar responsables y establecer sanciones internas”, señaló González.
El especialista indicó que las consecuencias pueden ser significativas en el plano institucional.
“Estas investigaciones pueden terminar en amonestaciones, despidos, inhabilitaciones o recuperación de sumas desviadas”, explicó.
No obstante, González advirtió que estos procesos no tienen un plazo definido.
“La ley no establece un plazo específico. La Sala Constitucional habla de un plazo razonable, que es un concepto amplio y variable. Hay casos que han durado hasta dos años”, afirmó.
Mientras avanzan ambas investigaciones, una en el INS y otra en el Ministerio Público, el caso se perfila como uno de los más delicados para la institucionalidad del país, al involucrar presuntas presiones desde Casa Presidencial y posibles operaciones financieras irregulares dentro de una de las entidades más grandes del Estado.
