Tras el análisis de la comisión legislativa, se espera que el plenario vote entre el 22 y 24 de septiembre para tomar una decisión
Varios aspirantes a la presidencia consideran que el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves no debe verse como un tema político ni electoral. Señalan que el objetivo es determinar si el mandatario debe responder ante la ley por un posible delito.
Tras el análisis de la comisión legislativa, se espera que el plenario vote entre el 22 y 24 de septiembre para tomar una decisión.
Analistas políticos advierten que el momento en que se realiza este proceso podría influir en el electorado. Sin embargo, los candidatos piden dejar de lado los cálculos políticos.
Juan Carlos Hidalgo, aspirante de la Unidad Social Cristiana, dijo:
“Lo veo como una actitud frente a la ley y a las normas que rigen la conducta de funcionarios de tan alto rango como la presidencia de la República. Si yo estuviera en la posición del presidente, renunciaría a la inmunidad”.
Por su parte, Eli Feinzaig, diputado y candidato del Partido Liberal Progresista, afirmó que se trata de una rendición de cuentas, no de un tema político:
“Es un asunto de importancia trascendental para la democracia costarricense y el compromiso con la transparencia. La decisión debe basarse únicamente en los méritos de la solicitud de levantamiento de la inmunidad. La fiscalía ha determinado que hay suficiente mérito para elevar un caso a juicio, y esa es la línea que se debe seguir”.
Ronny Castillo, candidato del partido “Aquí Costa Rica Manda”, coincidió:
“Por un lado, levantar la inmunidad podría ser interpretado por sus seguidores como un acto de persecución; por otro, no levantarla podría alimentar la narrativa de víctima inocente. Nuestra postura es no tomar en cuenta estos cálculos políticos”.
Claudio Alpízar, del partido Esperanza Nacional, recordó que los integrantes de los supremos poderes no deben verse como intocables:
“El proceso debe seguir todas las instancias establecidas, y quien comete un acto aparentemente ilícito debe responder ante las autoridades, sea el presidente o un ciudadano común. No debería politiquearse el asunto”.
Fernando Zamora, de Nueva Generación, indicó que este tipo de situaciones no son buenas para el país:
“La decisión es de naturaleza técnico-jurídica. Si hay elementos suficientes para considerar que el presidente cometió el delito, hay que levantar la inmunidad; si no los hay, lo deseable es que la mantenga”.
Finalmente, Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, señaló que la decisión debe basarse en el trabajo de la comisión y el informe de mayoría:
“Debe ser analizado con seriedad y rigor por el plenario. Estoy segura de que tomarán la mejor decisión con la información que tiene la Asamblea Legislativa en este momento”.
Ninguno de los seis candidatos consultados se pronunció de manera explícita sobre si se debe o no levantar la inmunidad del mandatario.
