Uno de los firmantes del proyecto de ley explicó las bases utilizadas para construir la iniciativa, cuyo fin es anular la ciudadanía costarricense a extranjeros relacionados con narcotráfico.
La iniciativa de ley que pretende anular la nacionalidad costarricense a los naturalizados procesados por narcotráfico se fundamenta en informes policiales.
Así lo asegura uno de los firmantes del proyecto, el diputado liberacionista Danny Vargas, quien explicó que la naturalización es utilizada por algunos extranjeros para “su protección”.
Tanto Vargas como el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, propusieron una reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones, para que el Registro Civil proceda a anular la nacionalidad a un costarricense naturalizado, cuando se compruebe que la persona ha tenido procesos penales por lavado de dinero o tráfico de drogas.
El diputado Vargas resaltó que deben limitarse las posibilidades para el crimen organizado.
“Tenemos informes de la policía, tanto nacional como fuerzas especiales de afuera, que han detectado que muchos extranjeros indeseables, especialmente por tráfico de drogas y por lavado de dinero, vienen y se casan para obtener la naturalización y que no puedan ser extraditados”, explicó el liberacionista.
Aunque existe un proyecto de ley sobre extradición, Vargas expresó que esperan que “este ajuste” ponga un obstáculo.
Las reacciones en el ámbito de seguridad
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, hizo alusión a la cantidad de personas naturalizadas que están relacionadas con el narcotráfico.
Por ello, el jerarca tiene su esperanza en que proyectos como este avancen positivamente en el Congreso.
“Dentro del arsenal legal de lucha contra la narcoactividad sabemos que hay más de 32 extranjeros que se han nacionalizado como costarricenses, y son personas que en caso de existir la posibilidad de enfrentar juicios fuera de Costa Rica se enfrentarían a procesos judiciales en los Estados Unidos”, manifestó Zamora.
El jerarca añadió que la nacionalidad costarricense no debe servir “como escudo protector para no enfrentar la ley”.
Por su parte, el Director Interino del OIJ, Randall Zúñiga, también aplaudió la iniciativa.
“Me parece excelente, la verdad que es una iniciativa muy pro país, no es nacionalista como se podría pensar eventualmente, es muy patriótica, más bien muy patriotista”, fueron las palabras de Zúñiga.
Sin embargo, el proyecto de ley tiene un aspecto que debe ser revisado: en él no se determina la obligatoriedad de que exista una sentencia condenatoria, sino que solo es necesaria la existencia de un proceso penal.
Para el abogado constitucionalista Marvin Carvajal, esto podría dar pie a arbitrariedades.
