La bancada liberacionista recomienda enviar su informe al Tribunal de Ética del partido para lo que corresponda en caso del exalcalde josefino, Johnny Araya.
La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó un informe alternativo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el Caso Diamante.
Dentro de los hallazgos en la investigación destaca recomendación para que la Fiscalía investigue si el exalcalde de San José, Johnny Araya, recibió o no sobornos por parte de representantes de MECO a cambio de asegurarles contratos millonarios para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial en el cantón.
De igual manera, se sugiere enviar el informe al Tribunal de Ética del PLN para que proceda según corresponda.
La diputada verdiblanca, Dinorah Barquero, destacó que este texto respeta la presunción de inocencia de los posibles implicados en el caso.
«En este informe, nosotros resaltamos el compromiso con la transparencia, el compromiso contra la corrupción y el trabajo para que en este país las cosas se sigan haciendo de la mejor manera. En realidad, es un informe que no juzga, es un informe que analiza determinadas pruebas, situaciones y que, con base en eso, se está solicitando que sea presentado al Ministerio Público y a diferentes tribunales de ética de cada uno de los implicados en este informe. Es, fundamentalmente, un informe que viene a mantener un seguimiento de los hechos ocurridos, pero que de igual manera entiende que hay un debido proceso, que hay un principio de inocencia y que son los órganos encargados de esto quienes deben dar un dictamen final sobre los hallazgos que se hayan hecho desde la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en el Caso Diamante», detalló Barquero.
Este informe se suma a otro que fue presentado por la diputada del Partido Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, en el cual se solicitaron sanciones contra Johnny Araya y Mario Redondo, así como a la empresa MECO, Explotec y otros dirigentes políticos como Alfredo Córdoba, exalcalde de San Carlos; Humberto Soto, exalcalde de Alajuela; Alberto Cole, exalcalde de Osa; Arnoldo Barahona, exalcalde de Escazú y Gustavo Mayorga, exregidor del Partido Nueva República (PNR) en Golfito.
El informe también pide una sanción contra Cristian Boraschi, exgerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú.
La legisladora frenteamplista repasó parte del caso, el cual se dio en noviembre del 2021 y derivó en la detención momentánea de los jerarcas municipales.
«¿Se acuerdan de aquel chorizo tremendo en algunas municipalidades de Costa Rica, entre MECO y funcionarios de esas municipalidades? ¿Recuerdan, San José, Cartago, Golfito, Osa, Escazú, San Carlos, Alajuela y Siquirres? Son las ocho municipalidades que hemos investigado, en este caso, desde la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Hemos llegado a la conclusión de que, indudablemente, existió tráfico de influencias, que hay una red de corrupción que opera no solo convirtiendo los carteles de licitación en cosas hechas a la medida de ciertas oferentes, sino también brincando ese procedimientos de contratación con llamadas telefónicas o sobornos y favores personales», manifestó Guillén.
