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Sala anula artículos en convención colectiva de Municipalidad de Moravia

Los magistrados de la Sala Constitucional anularon seis artículos en la convención colectiva de la Municipalidad de Moravia por considerarlos inconstitucionales.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por los exdiputados libertarios: Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro.

Estos son los artículos declarados inconstitucionales por el alto tribunal:

El artículo 43, que autoriza el pago del auxilio de cesantía por renuncia del trabajador sin estar sujetas a un tope después de quince años de trabajo. 

Los magistrados considera que otorgar la cesantía por renuncia, o por cualquier otra causa atribuible al trabajador, implica desvirtuar la naturaleza jurídica para la que fue creada, la cual está prevista para los casos de despido sin responsabilidad del trabajador.

Además, destaca que debe respetarse el límite de doce años dispuesto por la Sala Constitucional en otra sentencia.

El artículo 45, que permite el pago de cesantía por motivos de invalidez, pensión, o cesación por despido con responsabilidad patronal, sin límite después de quince años de trabajo.

Nuevamente, el Tribunal manifiesta que debe respetarse el límite de doce años dispuesto por la línea jurisprudencial del Tribunal.

El artículo 47, que regula el otorgamiento de una suma de dinero para la compra de útiles escolares a los hijos de los trabajadores.

Los altos jueces indicaron que entregar un monto de dinero cuando no existe ninguna relación laboral con los beneficiarios no obedece a circunstancias "objetivas" y "razonables".

El artículo 49, se establecía la obligatoriedad de entregarle 100.000 colones al trabajador que se le muriera algún familiar.

Es inconstitucional por considerar un beneficio por fallecimiento de personas que no tienen ninguna relación laboral con la Municipalidad de Moravia. 

El artículo 50, que regula la entrega de becas para hijos de personas trabajadoras.

Para la Sala Constitucional, esta norma incurre en una "extralimitación" de los fines de la capacitación en instituciones públicas pues se está dando un beneficio a personas que no ostentan un vínculo laboral con la Municipalidad. 

El artículo 52, que dispone una partida anual de ¢450.000 para desarrollar actividades deportivas, culturales, sociales y educativas entre los funcionarios municipales.

Los magistrados sentenciaron que el otorgamiento de ese beneficio implica un "abuso irrazonable" así como "desproporcionado" en la disposición de los fondos públicos.