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Querellantes piden ¢840 millones por muerte de turista venezolana

La representación legal de la familia de Carla Stefaniak solicitó que se condene a la sociedad anónima propietaria de las villas donde ocurrió el crimen de la mujer y de forma solidaria al guarda sospechoso del crimen. El monto equivale a $1,4 millones al tipo de cambio actual. 

La petición de los querellantes es que se condene a la sociedad anónima propietaria de las villas Le Mas y de forma solidaria al sospechoso del crimen, al pago de ¢175 millones por daño moral y ¢664.950.000 por daño material. Las cifras las confirmó a Noticias Columbia el abogado Joseph Rivera la noche de este jueves. 

Extensa exposición 

David Hernández, el otro abogado de la familia de Carla Stefaniak (a la derecha en la foto), hizo una amplia explicación sobre los motivos por los cuales consideran que hay responsabilidad civil del hospedaje en este caso.

El propietario de las villas y su pareja, dijeron en el juicio que la seguridad era contratada por un tercero que también les brindaba el servicio de jardinería y que por ende, los guardas no laboraban directamente para ellos ni eran pagados por ellos.

Hernández aseveró que esa versión no se sostiene porque los propietarios tenían injerencia en la selección y hasta despido del personal.

Cuestionó que uno de los dueños manifestara en el juicio que la presencia de guardas no estaba destinada a cuidar a los huéspedes que llegaban por la plataforma de Airbnb.  

El abogado dijo que en hospedajes como las villas, los propietarios deben procurar la seguridad de sus clientes y que en ese sitio no ocurría así a pesar de que funcionaba como si fuera un hotel.

El querellante también reprochó que los propietarios del hospedaje contrataran como servicio de seguridad a una empresa que ya no estaba autorizada para funcionar como tal.

Esas y otras razones motivaron a la representación a considerar que hay responsabilidad civil del hospedaje.

Hernández también pidió que se imponga al guarda de seguridad una pena de 50 años de cárcel, dividida en 35 años por homicidio calificado y 15 por robo agravado.

Este viernes será el turno de los abogados de la sociedad anónima para que hagan sus conclusiones y presenten su descargo a las afirmaciones de los querellantes.