OIJ ingresa a finca en Río Cuarto por investigación sobre video amenazante

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron la mañana de este sábado a una finca que se ubica en la localidad de La Españolita de Río Cuarto, Alajuela.

Las autoridades buscan determinar si la propiedad tiene relación con el grupo armado que grabó un video en el que se emitieron amenazas contra el presidente Carlos Alvarado, diputados y además se instó a un levantamiento en armas contra el Gobierno.

El jefe de la sección de Crimen Organizado del OIJ, Cristian Montenegro, confirmó la entrada de los agentes.

“Estamos realizando una diligencia judicial en una propiedad en Río Cuarto de Alajuela que presuntamente la tenemos relacionada con el sitio donde se realizó un video  que circuló en donde un conjunto de personas realizó amenazas en contra del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”, expresó.

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En la propiedad había dos personas, una de apellido Masís, quien sería el dueño y una mujer.  Montenegro dijo que el ingreso se hizo de “manera pasiva”, es decir no hubo enfrentamiento.

Los oficiales entraron al sitio aproximadamente a las 8:15 de la mañana. Consultado por Noticias Columbia, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Eduardo Trejos, únicamente dijo que el operativo estaba “en proceso”.

Las personas que estaban en la finca quedarán a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Detenciones

Por este caso, el OIJ detuvo el viernes en Río Cuarto a dos personas, de apellidos Sequeira Mendiola y Fernández Ramírez que serían líderes del grupo.  

El director de la Policía Judicial, Walter Espinoza, identificó a Sequeira como la persona que habló en el video que circuló en la mensajería Whatsapp y redes sociales Ambos tienen antecedentes delictivos.

La Fiscalía informó que los sospechosos son investigados por el delito de motín contemplado en el Código Penal.

El artículo 304 establece la siguiente definición:

Motín: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de la resoluciones de los funcionarios público o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión”.

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