Institución se refirió al «pedido de cuentas» que le hizo la organización conocida como Observatorio Ciudadano
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) alega que no le corresponde referirse a la situación jurídica de la comunidad fronteriza de Chorreras que fue desalojada en noviembre del 2025. Sin embargo hizo una amplia explicación de los motivos.
La institución fue una de las señaladas por una organización no gubernamental que cuestionó el proceder del Estado con las familias de esta zona, ubicada en Cutris de San Carlos y que colinda con el río San Juan (en la foto).
El pasado 22 de enero, el Observatorio Ciudadano dio a conocer que está pidiendo cuentas a distintas instituciones públicas por el desalojo de Chorreras, frontera con Nicaragua. El proceso, según los datos del grupo, afectó a más de 400 personas de al menos 77 familias.
Entre las entidades aludidas, está el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Susan Rodríguez, representante del Observatorio, dijo que los habitantes pasaron de ser ocupantes legítimos, con contratos de arrendamiento, a ser considerados invasores de un área protegida.
¿Por qué es importante el pronunciamiento de Inder? Para que nos expliquen cómo es que pasamos de que estas familias estaban ocupando con contratos de arriendo que les dio el Estado; cuál fue el debido proceso que hizo Inder para poder decir verdaderamente que no se les iba a alquilar más», expresó.
Noticias Columbia solicitó al Inder su posición con respecto a estas manifestaciones. La institución respondió por escrito.
El primer párrafo dice que el desalojo del asentamiento ilegal de Chorerras «se efectuó atendiendo a una resolución del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela y en el cual el Inder no tuvo participación alguna ni como accionante dentro del proceso legal, ni en su logística».
Agrega que en los años 80 y 90, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) emitía contratos de arrendamiento en la zona con fines agrícolas pero que eso no generaba ningún tipo de derecho ni posesión.
En 1994, mediante decreto, se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre, hecho que modificó las condiciones de uso y aprovechamiento de los terrenos.
El IDA dejó de emitir y renovar contratos. A partir de ese momento, la administración de toda el área pasó a ser competencia exclusiva de la Dirección General de Vida Silvestre del Minae.
Inder sostiene que, al estar Chorreras en la zona del Refugio, no le corresponde la administración ni la atención de los terrenos. Por ello, no es posible referirse a la situación jurídica de la comunidad.
Esta es la respuesta completa:
