Actual director afirma que Hacienda se comprometió a que la entidad tenga los recursos necesarios para seguir funcionando. Escuche aquí la entrevista.
Un informe del año 2021, del cual Noticias Columbia tiene copia, revela que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) temía consecuencias muy negativas para la institución si se aprobaba un proyecto que ahora es Ley de la República.
El 18 de junio pasado se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley de Manejo eficiente de la liquidez del Estado (10.495) que modificó, a su vez, la Ley sobre estupefacientes en cuanto a la administración del dinero decomisado al narcotráfico.
El dinero que los cuerpos policiales o la Fiscalía localizan como parte de las investigaciones queda “decomisado”, es decir, se mantiene en custodia mientras se realiza el proceso judicial.
Posteriormente, si una sentencia en firme lo determina, el dinero puede pasar a manos del Estado bajo la figura del “comiso”. En caso contrario se devuelven al propietario.
¿Qué sucedió?
Antes de la nueva ley, el ICD custodiaba el dinero decomisado; podía sacarle réditos e incluso distribuir los intereses en diversas áreas como dotación de recursos a cuerpos policiales y proyectos de prevención.
Ahora todo pasará directamente a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Como dio a conocer Noticias Columbia, en el OIJ afirman que la normativa crea incertidumbre y en el Ministerio Público la ven como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad.
La posición de estas dependencias judiciales es que no habrá acceso ágil a los recursos ni se garantiza la misma proporción. Por eso piden a los diputados que reviertan los efectos provocados por la ley 10.495 sobre liquidez del Estado.
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El informe
En la extensa ruta del proyecto de ley, fue consultado en el 2021 al ICD. La asesoría legal de la institución rindió un informe el 1 de noviembre de ese año que fue entregado al entonces director Sergio Rodríguez.
El documento AL-073-2021, de 28 páginas, fue aprobado y respaldado por el Consejo Directivo, órgano que lo envió a la Asamblea Legislativa mediante una nota firmada por el presidente Randall Otárola Madrigal. El texto hace una amplia explicación de las razones por las cuales se creó el ICD, sus funciones y la forma en que se financia, entre otros puntos.
También resalta que había una disminución en los recursos que asigna Hacienda. Por ende, defiende el beneficio de contar con los intereses generados por las inversiones del dinero que se decomisa al narcotráfico. Tras la exposición de esos argumentos, la Asesoría Legal del ICD expuso que, si se aprobaba la ley sobre manejo de liquidez, la institución corría riesgo de un cierre técnico.
Estos son extractos del informe:
En una reciente entrevista en el programa Hablando Claro, con la periodista Villma Ibarra, el subdirector del OIJ Michael Soto mencionó su preocupación por lo que pueda pasar con el ICD. Actualmente él es uno de los integrantes de Consejo Directivo de la entidad.
«Estoy viendo aquí la nota de Noticias Columbia donde se entrevista a Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos. Él da una justificación técnica de por qué la ley, en términos generales. Dice que ‘alinea al país con las mejores prácticas de gestión y liquidez y evitar el pago de intereses sobre transferencias. Nosotros no dudamos de que haya una buena intención en el tema del manejo de la liquidez pero ciertamente, el tema de cómo se disponen los dineros por los porcentajes, ya no lo vamos a tener. Prácticamente yo creo que estaría desapareciendo el ICD. ¿Cuál es la razón de ser del ICD si ya no va a distribuir (dinero)?«, recalcó.
Posición actual
El pasado 8 de julio en Noticias Columbia emitimos una amplia entrevista con el director del ICD, Fernando Ramírez, quien se refirió al informe del 2021 y las expectativas en cuanto a los cambios que trae la ley 10.495.
Ramírez asumió el cargo en octubre del 2022, por ende, no estaba al frente de la institución cuando respondió la consulta de los diputados. Explicó que al momento en que se publicó la ley 10.495 expresó sus inquietudes a las altas esferas del Gobierno.
«Nosotros asumimos esto ya…y nos damos cuenta cuando se convierte en ley de la República; lo vemos publicado en La Gaceta y ahí es donde nos damos cuenta que todas las advertencias que habían sido realizadas por el Instituto Costarricense sobre Drogas, desde el 2021, no fueron atendidas por el legislador, al momento en que lo analizó, tanto en comisión como en el plenario«, dijo.
«A partir de ese momento, como jerarca de esta institución, inmediatamente me pongo en contacto con mi superior, que es la ministra de la Presidencia, le hago saber la preocupación que se tiene desde esta Dirección General sobre las implicaciones que va a tener. Se coordina una reunión con el señor ministro de Hacienda y el viceministro. Ahí revisamos el articulado, revisamos esta situación de la eliminación de la distribución de los dineros y bueno, el compromiso que se adquirió en ese momento por parte del señor ministro de Hacienda es que el ICD va a contar con los recursos necesarios para seguir desarrollando sus tareas tomando como base el presupuesto actual que tiene el Instituto», detalló.
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Ramírez expresó que respeta la posición de la Fiscalía y el OIJ, pues tienen un interés particular, pero indicó que se debe comprender el objetivo de la ley y sus fines en cuanto al orden y manejo de las finanzas.
Tras las publicaciones de Noticias Columbia, el diputado liberacionista, Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presentó un proyecto de ley para modificar nuevamente la ley, de manera que se garantice la distribución por porcentajes de los intereses generados por el decomiso de dineros provenientes del narcotráfico.
Sin embargo, la modificación mantiene el envío de los fondos a la Tesorería Nacional en lugar de al ICD como se hacía anteriormente.
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