Diputados de oposición y movimientos sociales presentaron una denuncia contra el presidente este viernes; es la segunda en menos de una semana.
En menos de una semana, diputados de diferentes fracciones políticas denunciaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El pasado lunes, los legisladores Eliecer Feinzaig y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra el mandatario por los delitos de instigación pública, intimidación pública, apología del delito y atentado, debido a las manifestaciones sobre un presunto levantamiento y el contexto de la Guerra Civil de 1948 realizadas en la conferencia de prensa del miércoles 14 de mayo.
A esta gestión se une otra denuncia presentada este viernes, por parte de diputados de oposición y movimientos sociales.
En esta ocasión, los actores señalan al mandatario por el delito de instigación pública a la rebelión, debido a que consideran que Chaves hace manifestaciones constantes en sus conferencias de prensa relativas “a un alzamiento en armas para impedir el libre funcionamiento de los poderes del Estado, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial en su conjunto”.
Así lo explicó la abogada representante del grupo de diputados y de movimientos sociales, Sonia Sandí.
“Hemos decidido presentar los hechos acontecidos en las últimas dos conferencias de prensa que ha dado el presidente, donde ha hecho una instigación a la ciudadanía, prácticamente a levantarse en armas, a usar armas, hacer alusión a la guerra del 48, a comparar lo que es la Fuerza Pública con el OIJ y presentamos la denuncia para que se investigue si la probable comisión de delitos de instigación pública al delito de rebelión y también de propaganda contra los poderes de la República”, argumentó.
El delito de instigación se refiere a “la acción de inducir a otra persona a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”. Se sanciona con pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Además de Obando, la denuncia fue firmada por los diputados del Frente Amplio, la representante de movimientos sociales, Rocío Ramírez Varela, y Oscar Aguilar Bulgarelli.
Según Obando, debe hacerse un llamado a la tranquilidad y no al conflicto, pero desde Casa Presidencial se hace lo contrario.
“El presidente de la República no ha venido representando de forma correcta los valores democráticos y el ser costarricense de verdad, ha hecho abiertamente manifestaciones públicas totalmente evidentes en donde ha solicitado a la ciudadanía costarricense a levantarse en armas para la defensa de sus actos de corrupción, cuando él hace un llamado a ir a marchar contra el fiscal general, hace un llamado a luchar contra los magistrados, contra los jueces, contra la contralora, contra cualquier persona que sea oposición como los diputados, abiertamente ha llamado al pueblo costarricense a que ‘no le jalen el rabo a la ternera’, en un acto totalmente abierto para decirle al costarricense ‘tienen que salir en defensa de los actos de corrupción’, nosotros, como bloque que estamos presentando esta denuncia, hacemos un llamado a toda la oposición, a todos los verdaderos costarricenses, a toda la ciudadanía que todavía cree en un sistema democrático para que nos pongamos en pie de lucha contra la arbitrariedad de Rodrigo Chaves”, señaló.
Noticias Columbia solicitó una declaración a Casa Presidencial y a la diputada oficialista Pilar Cisneros con respecto a esta acción judicial.
La jefa de la fracción de Gobierno manifestó que se trata de otra denuncia sin fundamento.
“Otra denuncia absolutamente ridícula y sin ningún fundamento, ¿por qué no presentan una prueba donde el presidente Chaves haya instado a la gente a tomar armas y a salir a las calles? No la presentan porque simple y sencillamente no existe, aunque ellos sigan insistiendo, ningún juez de la República va a encontrar prueba porque no es verdad”, respondió.
Aún se sigue en espera de la respuesta de Casa Presidencial, sin embargo, tras la denuncia interpuesta el lunes anterior por el PLP, el Ejecutivo indicó a través de un correo electrónico que no brindaría declaraciones “por tratarse de un tema judicializado”.
