Este miércoles, en Tribunales de Goicoechea, comenzó la etapa de conclusiones en el juicio contra un exfuncionario del banco.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó una pena de 396 años de prisión contra un hombre de apellido Olivas, acusado de sustraer dinero en efectivo de la sede central del Banco Nacional en San José.
Al sujeto, que fungía como tesorero en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) lo vinculan con el faltante de ₡3.293 millones descubierto en octubre del 2023.
Los representantes del Ministerio Público, Ronald Segura y Carlos Manuel Benítez, le atribuyen 33 delitos de peculado cuya pena máxima es de 12 años por cada uno. Debido a las reglas del «concurso material», la solicitud debe adecuarse a 36 años de cárcel.
El diccionario del Poder Judicial explica que el concurso material «describe la situación en la que, con varias acciones u omisiones, jurídicamente consideradas, se cometen, de forma separada o conjunta, varios delitos que por su conexión son juzgados en un mismo proceso».
En estos casos, el artículo 76 del Código Penal costarricense establece que se aplicarán las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, «no pudiendo exceder del triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión».
La Fiscalía sostiene que Olivas, abusando de sus conocimientos, su cargo y la confianza que le tenían otras personas del trabajo, desarrolló un esquema de sustracciones del dinero en efectivo que tenía bajo su custodia. En un período, de al menos dos años, habría sacado fajos de billetes en sobres de manila, aprovechando un ángulo «ciego» de la cámara de seguridad.
El caso se conoce como «Gallo tapado» porque el sospechoso habría hecho compras masivas de lotería con los recursos que, aparentemente, tomaba de forma ilícita.
Segura afirmó que estas acciones permitieron al acusado ganar múltilples premios y conseguir depósitos de la Junta de Protección Social (JPS) que le daban validez o legalidad a los ingresos en su cuenta.
El fiscal aseveró que Olivas sabía que si cambiaba su estilo de vida de forma drástica con la adquisición de bienes materiales, iba a levantar sospechas, por eso, optó por gastar millones en la compra del juego de azar, sin importar las cantidades que perdiera.
Añadió que en el juicio quedó demostrado que no se trataba de conductas asociadas a ludopatía (adicción al juego) sino a un plan para legitimar capitales a través de los premios que obtenía de la JPS aunque fuera en cantidades pequeñas y medianas con montos que iban desde los ₡20.000, ₡300.000 hasta los ₡800.000.
Con base en testimonios de testigos, expusieron que, en un período específico, el hombre supuestamente había hecho compras de hasta ₡500 mil diarios.
Segura manifestó que una persona que ganaba ₡650.000 por mes no tenía la capacidad financiera para realizar esas adquisiciones. El funcionario judicial expuso que Olivas se daba gustos como ordenar comida exprés para toda la familia, múltiples veces por día.
Segura recordó que la Fiscalía sigue investigando a otros funcionarios del Banco Nacional que habrían incurrido en sustracciones. Sin embargo, en este proceso, lograron comprobar 33 sustracciones, entre abril y setiembre de 2023, en las que Olivas habría actuado por su cuenta.
Con base en el tamaño de los sobres y el tipo de billetes a los que tenía acceso el acusado, los representantes de la FAPTA estiman que Olivas pudo sustraer ₡30 millones en cada uno de los hechos que dan por acreditados a través de videos.
Según las conclusiones, Olivas se dedicó a acopiar dinero en el CIPE en lugar de trasladarlo o distribuirlo como era su deber.
¿Por qué la máxima?
El fiscal Carlos Manuel Benítez enumeró una serie de circunstancias que consideraron para solicitar las penas máximas contra el exfuncionario del Banco Nacional.
Citó que se trata de una persona que estaba obligada a custodiar el dinero y no a dejárselo para beneficio personal. No había un estado de necesidad ni urgencia médica que pudiera llevarlo a cometer los hechos.
El mantener un perfil económico bajo demuestra, para el Ministerio Público, que Olivas sabía que si incurría en lujos iba a ser detectado rápidamente.
Benítez recalcó que el hombre generó las circunstancias para cometer los delitos. «La ventana de oportunidad fue creada por él mismo».
Cambió horarios, esperaba a quedarse solo, pidió claves de acceso de otros compañeros y tuvo vacaciones, por obligación, pero de igual forma iba a trabajar con tal de que nadie más revisara su área. Registró 81 días, de los cuales se presentó a laborar en 51.
A esto se agrega que supuestamente manipuló el sistema de control interno al incluir arqueos simulados y buscaba la forma de que otros colaboradores no tuvieran acceso a información que levantara sospechas.
También recalcó que Olivas se aprovechó de la habitualidad y confianza con el guarda de seguridad privado (un hombre mayor) para evitar revisiones y cuestionamientos. Compartía con él de forma jovial e incluso le llevaba confites.
Benítez aseveró que la conducta del acusado afectó la reputación del Banco Nacional y la de sus trabajadores, los cuales incluso fueron objeto de burlas y cuestionamientos.
La Fiscalía reprocha que la sustracción pudo ocasionar un entorno adverso para la entidad financiera con el riesgo de «corrida bancaria», es decir, el retiro masivo de dinero de clientes preocupados o molestos.
Uno de los señalamientos más fuertes fue la actitud mostrada por el imputado, pues considera Benítez que no ha mostrado arrepentimiento y que en el juicio se ha mostrado relajado e incluso sonriente.
Posición de la defensa
El abogado Eduardo Jiménez, defensor de Olivas, expresó que la Fiscalía ha entrado en varias contradicciones durante esta etapa final.
Para empezar, mencionó que a veces parecen responsabilizar al acusado de la sustracción de los ₡3.293 millones pero en otras ocasiones sostienen que le atribuyen que se apoderó de la mayoría de los recursos pues habría otras personas del banco que incurrieron en el delito, aunque en cantidades distintas.
Jiménez sostiene que, según consta en testimonios y el expediente, su cliente ganó premios de lotería cuantiosos, entre ellos uno de ₡200 millones y otro de ₡38 millones, dinero suficiente para seguir comprando juegos de azar y seguir ganando. Esta versión contrasta con la de la Fiscalía.
Otro punto que argumenta el defensor es que no se puede decir con certeza cuál era el contenido de los sobres que Olivas portaba según se aprecia en los videos.
Considera el abogado que la Fiscalía exagera cuando habla de las compras de comida exprés, pues el hecho de ordenarlas no quiere decir que fuera quien las pagó todas.
Insistió con vehemencia en que, cuando le correspondan las conclusiones, expondrá que no se puede hablar de certeza de sustracciones cometidas por Olivas cuando hay evidencias de que otras personas del área habrían sacado dinero.
Escuche aquí las declaraciones completas:
