Según el mandatario, Rodrigo Chaves, se requieren más leyes. Por su parte, desde Sitrajud responden: “No quisiera pensar que el señor presidente de la República se cree todo lo que ve en CSI”.
Con 267 homicidios en 2024, hasta este 17 de abril a las 11am, las autoridades responsables de la seguridad del país mantienen la búsqueda de soluciones, ante un año que se proyecta a romper, nuevamente, el récord de asesinatos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lamentó en su conferencia de prensa de este miércoles un nuevo homicidio doble en el que fallecieron una joven de 21 años y una niña de 4.
Según el mandatario, los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sufren de falta de legislación para detener a los responsables de este tipo de delitos.
“Resulta que nosotros, el OIJ y el Poder Judicial, la inteligencia de la policía, sabe dónde viven y quiénes son la mayoría de las personas que se dedican a cometer esas atrocidades. No los podemos detener. Si un policía los detiene, meten al policía o los sancionan porque no hay una orden judicial y dicen que no hay una orden judicial porque las leyes de Costa Rica no lo permiten”, señaló Chaves.
Para el abogado penal, Dennis Solano, las declaraciones del presidente son parcialmente ciertas, pero existen algunos elementos a considerar, principalmente con relación al tema de las leyes.
“El órgano fiscalizador o quien tiene potestad para, eventualmente, solicitar una medida cautelar en perjuicio de una persona, un eventual imputado, va a ser la Fiscalía. Si este tiene grados de probabilidad, basta con solicitar una prisión preventiva, un arraigo, entre otros. Lo que sucede en este escenario y en muchísimos es que los fiscales, los jueces, tienen prórrogas de plazos muy atrasadas. Entonces, procesos que pueden llegar a ser de seis meses, tardan tres o cuatro años. Entonces no es que no haya una legislación”, aseguró Solano.
Proceso judicial.
El experto relató el proceso que inicia una vez cometido un delito y cómo se llega a una eventual prisión preventiva.
Sin embargo, Solano aclaró que estos pueden tomar mucho tiempo y suelen llevarse a cabo con las personas imputadas en libertad.
“Una vez cometido un delito, se apertura lo que se conoce como la etapa de investigación. El fiscal, eventualmente, tiene que determinar varios puntos especiales: que no obstruye la justicia de la persona, que no afecte la prueba, que tenga un arraigo y que tampoco exista un grado de probabilidad cierta, de forma casi que total derecho. De ahí, eventualmente, podemos pensar que la persona puede ostentar la libertad o mantenerse en el proceso completamente libre. Si se cumple o se violenta alguno de los requisitos, ahí tendríamos una prisión preventiva. Lo que sucede en Costa Rica es que tenemos un sistema sumamente garantista y que, ante estas facultades que se les otorga a las leyes, se permite que la mayoría de personas que cometen delitos estén completamente libres para que ejerzan su defensa afuera”, mencionó el abogado.
Adicionalmente, el experto indicó que el tema de los plazos y la gran cantidad de casos que lleva cada fiscal complica el desarrollo de una investigación particular, ya que pueden durar incluso años en resolverse.
“Un proceso sin ningún bemol, que no sea complejo, debería en su sana teoría, lo que dice la doctrina es seis meses. Pero, llegamos a etapas de investigación que pueden durar cinco o seis años, solo para determinar que, eventualmente, usted participó. Entonces, ¿Qué sucede? Muchas víctimas ya se indisponen porque no les interesa seguir con el proceso, por el revanchismo, porque ya no tenían la cólera de antes, ya no tenían las emociones, la motivación o bien, inclusive, ya nadie se acuerda de lo que había pasado”, añadió Solano.
Sitrajud responde a Chaves.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), Jorge Cartín, lamentó que el presidente de la República exprese sus pensamientos como verdades absolutas, en apariencia sin asesorías técnicas.
Además, el funcionario judicial detalló los requerimientos para realizar una detención de un sospechoso.
“El Código Procesal Penal establece, claramente, en qué momento se puede dar la aprehensión de las personas y, en ciertas circunstancias, no es necesario siquiera tener una orden de un juez. Eso sí, obviamente, se tienen que respetar ciertos parámetros. Por ejemplo, el 235 del Código Procesal establece tres condiciones que pueden hacerse para poder detener una persona y en el 237 hay otras tres. En caso de que no hayan sido sorprendidos en flagrancia, que no hayan tenido que aplicar presión preventiva, se tienen que garantizar los derechos de estas personas y tienen que ser liberados en menos de 24 horas, si no se establece lo que sería una violación constitucional y podrían ser objeto, las autoridades, de un recurso de habeas corpus”, detalló el líder sindical.
De igual manera, Cartín defendió el accionar del Poder Judicial en los procesos de investigación, los cuales deben ir acorde con lo que establece la ley, según el líder sindical.
“Usted no puede llegar y detener una persona, simple y sencillamente, porque alguien llamó por teléfono y le dijo que cometió un delito. Hay que tener pruebas objetivas que realmente asocian a esa persona con el delito que se está denunciando, si no estaría todo el mundo en la cárcel por cualquier cosa que la gente vaya a decir. Entonces, simple y sencillamente, lo que tiene que entender el señor presidente y que tienen que entender sus seguidores, es que el Poder Judicial tiene primero que cumplir absolutamente con lo que está establecido en la ley. Si existen sospechas de comisión de un delito por parte de una persona, hay que obtener la prueba correspondiente que lo ligue, de manera irrefutable, para que haya una probabilidad alta de que esa investigación pueda llegar a ser elevada a juicio”, explicó Cartín.
Finalmente, el secretario general de Sitrajud agregó que las investigaciones realizadas en contra de estructuras de crimen organizado son complejas.
“Poder encontrar, por ejemplo, dónde mandan sus dineros, poder encontrar cuáles son sus redes, poder encontrar cuáles son sus contactos, poder lograr intervenir sus combinaciones telefónicas, sus comunicaciones escritas, poder tener los elementos que puedan establecer probabilidad alta para poder ordenar un allanamiento, por ejemplo, eso no es de la noche a la mañana. Le cuento que no es que la gente lo recibe y lo deja ahí, no. Son días a veces de 8, 12, 14 horas de estar buscando la prueba, de estarse infiltrando en las organizaciones para poder tener pruebas. No quisiera pensar que el señor presidente de la República se cree todo lo que ve en CSI. No lo quisiera pensar”, manifestó Cartín.
