La iniciativa busca garantizar un ingreso básico a mujeres en situación de pobreza o violencia, como parte de un plan integral para fortalecer los derechos de las mujeres y la seguridad ciudadana
La agrupación advirtió que Costa Rica enfrenta una crisis sin precedentes en materia de seguridad y violencia de género, con cerca de 2.500 homicidios registrados en los últimos tres años y un aumento en los femicidios cometidos por parejas. Según el partido, esta situación refleja un grave deterioro institucional y social, agravado por el debilitamiento de entidades como el INAMU, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y REDCUDI.
El candidato presidencial Ariel Robles destacó la urgencia de que el Estado adopte políticas diferenciadas con enfoque de género para atender la inseguridad que enfrentan las mujeres.
“Estamos viviendo una de las principales oleadas de femicidios de nuestra historia. No se vale que una mujer sienta miedo al salir de su casa, temiendo ser agredida o violentada. Es urgente que el Estado dicte una política pública con enfoque de género y que brinde seguridad especialmente a las mujeres”, afirmó Robles.
El Frente Amplio propone una respuesta integral centrada en la protección de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres, y en la recuperación de la seguridad ciudadana desde la prevención, la justicia social y la igualdad.
Entre las medidas planteadas destacan acciones de prevención y atención especializada en violencia contra las mujeres, empoderamiento económico, salud integral, derechos sexuales y reproductivos, protección y vivienda para mujeres vulnerabilizadas, y una seguridad con enfoque social y territorial.
La aspirante a la vicepresidencia Margarita Salas explicó que el empoderamiento económico es una prioridad, al ser uno de los factores que más incide en la permanencia de mujeres en relaciones violentas.
“Muchas mujeres no pueden salir de una relación violenta porque no tienen cómo mantener a sus hijos o sostener a su familia. Por eso, el Frente Amplio propone crear una renta mínima feminizada, dirigida a mujeres en situación de pobreza o vulnerabilidad social”, indicó Salas.
Según detalló, esta iniciativa se implementaría como un plan piloto dentro del programa del IMAS, redirigiendo recursos para garantizar un ingreso mínimo a mujeres en condiciones de mayor riesgo social.
Durante los primeros 100 días de un eventual gobierno, el partido impulsaría una política pública para la paz, con coordinación interinstitucional y territorial, que incluiría programas educativos, laborales y de salud mental, junto con acciones policiales respetuosas de los derechos humanos.
Finalmente, Robles subrayó que la seguridad “no se impone, se construye con justicia social, empleo, salud y educación”, mientras que Salas recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los poderes del Estado para aplicar de manera efectiva la Ley 8589 de penalización de la violencia contra las mujeres.
“Ya es hora de que en este país las víctimas de delitos y de odio cuenten con un esfuerzo coordinado y especializado para la restitución de sus derechos. No puede ser que los casos de femicidio, desapariciones o violencia intrafamiliar avancen tan lentamente que las familias esperen años por justicia”, concluyó.
