El primer intento fue enviado al archivo este martes, luego de su votación en la Comisión de Gobierno y Administración.
La bancada del Frente Amplio insistirá en el proyecto para regular el lobby y las puertas giratorias, luego de que fuera archivado por representantes del gobierno y de Liberación Nacional (PLN).
Por lobby se entiende aquella actividad de personas o grupos que buscan influir en las decisiones gubernamentales para promover sus intereses particulares; mientras que el término “puertas giratorias” alude al movimiento de personas entre puestos públicos y privados.
Ambas prácticas pueden dar pie a conflictos de intereses y actos de corrupción, razón por la cual la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, impulsó el proyecto de “Ley para fortalecer la autonomía de las personas funcionarias del sector público costarricense frente a los riesgos de la captura de la decisión pública” (exp. 24.111).
Sin embargo, el proyecto fue enviado al archivo luego de su votación en la Comisión de Gobierno y Administración.
Las razones
Melina Ajoy (PUSC), Johana Obando (independiente) y Antonio Ortega (FA) votaron a favor del proyecto, mientras que Carolina Delgado (PLN) y los oficialistas Waldo Agüero y Paola Nájera rechazaron el proyecto, lo que causó la molestia de la diputada Obando.
“Este proyecto lo que hacía era que los lobistas estuvieran registrados y usted, ciudadano costarricense, supiera con quiénes se reúnen sus diputados, sus diputadas, los ministros y cualquier otra persona tomadora de decisión, pero Liberación Nacional y el oficialismo dijeron ‘no, no queremos que el ciudadano costarricense se entere con quiénes nos estamos reuniendo’; es muy lamentable que también el Partido Nueva República no se haya presentado a la votación en ese momento y se hayan unido para echar para abajo un proyecto que venía a ayudar a la lucha contra la corrupción, hoy la Asamblea Legislativa perdió la gran oportunidad de luchar contra la corrupción”, señaló.
Un sentimiento similar expresó la socialcristiana Melina Ajoy, quien también votó a favor del proyecto y cuestionó, incluso, el rechazo de algunas propuestas suyas para mejorar el texto.
“Existen diversos ámbitos de nuestra sociedad donde persisten puertas giratorias y es muy evidente, y un ejemplo de esto es en el sector de pensiones, no veo nada de malo en una regulación sobre lobby y puertas giratorias ajustadas a mejores prácticas internacionales, porque puede resultar beneficioso para Costa Rica, porque estamos hablando de transparencia, yo me di a la tarea de proponer cambios para mejorar el texto, para hacer aportes conscientes, algunos fueron recibidos, otros no en su mayoría”, apuntó.
La liberacionista Carolina Delgado se sacudió de las críticas, aludiendo que la lucha contra la corrupción es urgente, pero debe hacerse con herramientas adecuadas. Por ello, enumeró las razones por las cuales votó en contra de la iniciativa.
“Primero, porque ya tenemos normativa en nuestra legislación, los artículos 53 y 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito ya regulan estos temas; segundo, porque según la UCR este proyecto podría desestimular que profesionales capacitados se unan al sector público; y tercero, porque el propio informe de Servicios Técnicos advierte que el artículo sobre sanciones y multa puede ser inconstitucional al violar el principio de proporcionalidad; combatamos la corrupción con medidas claras y efectivas, reforzando lo que hoy ya existe”, señaló.
En similar sentido, la oficialista Paola Nájera argumentó que su voto en contra se debió a la existencia de regulación sobre el tema, así como el hecho de que el proyecto asigna funciones a entidades sin financiamiento suficiente.
“De las principales razones es reconocer que ya hay normativa que regula este tema de la corrupción, entonces en nada aporta que haya una duplicidad de normas regulando prácticamente lo mismo y nada aporta la maraña normativa que ya de por sí existe en nuestro país; creo que también esta redacción en particular representaba un desincentivo para que personas altamente capacitadas y calificadas puedan ejercer como altos funcionarios del sector público, donde más bien el sector público está sumamente necesitado de personas con mucha experiencia y con muy buen perfil; por otro lado, recordemos que también el proyecto le da muchas más funciones a la Procuraduría de la Ética Pública, más responsabilidad, más funciones, pero no le dan más más recursos”, indicó.
Un nuevo intento
Debido al archivo del proyecto, la diputada Sofía Guillén (FA) anunció que presentó nuevamente la iniciativa bajo expediente 25.170.
Guillén calificó como excusas vergonzosas los argumentos de quienes archivaron el proyecto, y señaló que los ajustes venían por recomendación de la OCDE.
“Aquí las excusas sobraron para enterrar ese proyecto, pero como no nos vendimos, hoy estamos volviendo a presentar el proyecto de ley para que la legislatura que venga con más sabiduría, espero yo, más sensatez y más ética vaya a hacer esto una realidad; combatir la corrupción no es un discursito en elecciones, es poner el proyecto de ley sobre la mesa y votarlo a favor, así que ojo ciudadanía, saquen ustedes cuenta de quiénes son los diputados que ayer decidieron archivar un proyecto anticorrupción para que después no le vayan a vender cuento diciendo que quieren combatir corrupción”, criticó.
