Ministerio Público sostiene que renuncia del funcionario no debilita pesquisas y mantiene su tesis de que la prueba recopilada «es válida».
En la conferencia de prensa del pasado 4 de marzo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, (a través de un video) se refirieron al llamado caso Diamante (expediente 20-009616-0042-PE) en el cual se investiga a cinco exalcaldes, un alcalde, funcionarios municipales y trabajadores de una empresa constructora por presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública.
Ese día hubo expresiones como «el caso diamante se cayó», «se salvaron los seis angelitos que estaban acusados (en alusión a los alcaldes)», «se pulveriza el caso diamante», entre otras.
En la nota grabada en video, Cisneros hizo referencia a las decisiones judiciales que determinaron la ineficacia de la declaratoria de crimen organizado y a la anulación de las pruebas derivadas de las intervenciones o escuchas telefónicas.
Además, la legisladora cuestionó la renuncia al Poder Judicial del juez Ricardo Alvarado Calderón (quien determinó la ineficacia de la declaratoria de crimen organizado), alegando que «nuevamente se pone en jaque este caso».
«El juez renunció tranquilamente. ¿Tendrá ese señor la necesidad de seguir trabajando?, dijo Cisneros. «El juez salió corriendo (…) como dijo doña Pilar, porque ni siquiera se pensionó. ¿Será que ya no tiene que trabajar?», replicó Chaves.
«Yo no sé si alguno, varios o todos de ellos son inocentes, eso era lo que tenía que determinar el juicio, pero ni siquiera los dejaron llegar a juicio», añadió el mandatario.
Tras estas manifestaciones, Noticias Columbia envió varias consultas al Ministerio Público con respecto al caso Diamante. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción respondió por escrito:
¿Comparten la inquietud expresada en la Presidencia al mencionar que el caso se debilita por la renuncia de un juez (Ricardo Alvarado) que intervino en una parte del proceso?
La renuncia de un juez no debilita una investigación, por cuanto la misma, según nuestra legislación, está a cargo del Ministerio Público y no de los jueces.
¿Hay alguna preocupación de la Fiscalía relacionada con la salida del juez?
La renuncia inesperada del juez Alvarado Calderón, poco tiempo después de haber declarado ineficaz la resolución de declaratoria de crimen organizado, ha generado mucha preocupación y cuestionamientos, sobre todo por la ligereza con la que resolvió un tema trascendental para la investigación y pese a que, de acuerdo con nuestro criterio, existía mérito suficiente para confirmar dicha disposición legal.
¿Qué opina la Fiscalía de las manifestaciones alusivas a que el caso quedaría impune?
La Fiscalía mantiene la tesis de que la prueba es válida y continuaremos dicha discusión jurídica ante los tribunales de justicia, a efectos de evitar que el caso quede impune. Al respecto existe pendiente de resolución una apelación que debe conocerse ante el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública.
¿Qué opina la Fiscalía de la aseveración de que el caso no va a llegar a juicio?
El caso aún está en la fase de investigación preparatoria y esperaremos a concluir la misma para tomar una decisión objetiva, una vez que tengamos claro con qué prueba contamos, para poder formular el requerimiento que corresponda.
¿Tiene la Fiscalía elementos suficientes para continuar el caso si llegara a ratificarse la anulación de la prueba derivada de las intervenciones telefónicas?
Esto se analizaría en el momento correspondiente, con total objetividad.
