La representación del Ministerio Público hizo la solicitud la mañana de este martes en el juicio que se sigue contra el excura en los Tribunales de San José.
La fiscala Ana Victoria Rojas pidió las penas máximas de 18 años por un delito de violación agravada y 10 años por un delito de abuso sexual en perjuicio de un hombre de apellido Alvarado, quien era menor de edad al momento de los hechos.
Rojas explicó a los jueces que en el año 2003, Víquez laboraba en la Iglesia Católica de Patarrá de Desamparados, lugar al que Alvarado llegó con sólo 11 años, motivado por la búsqueda de ayuda económica y alimentaria para su familia.
Al menor le encargaron algunas tareas de ornato y limpieza a cambio de pagos y otros auxilios.
La fiscala aseguró que, con base en los testimonios y la prueba recopilada, se determinó que Víquez cometió dos agresiones sexuales contra el niño.
Argumentó que el exsacerdote se valió de su imagen y del respeto que le tenían en la comunidad y a nivel nacional para tomar ventaja sobre un pequeño en estado de vulnerabilidad.
Agregó que Víquez cometió los delitos en las instalaciones de la Iglesia y en la clandestinidad.
Los hechos habrían ocurrido entre julio y setiembre del 2003.
La Fiscala pidió que se absolviera a Víquez de otras dos agresiones al considerar que, creen en el testimonio de la víctima, pero no se pudo acreditar que los casos se hubieran dado en el período que señala la acusación.
Los abogados que representan al denunciante en la querella solicitaron una pena de 46 años de cárcel contra el imputado.
A las 2:05 p.m. comenzó la etapa de conclusiones del abogado Rafael Rodríguez, defensor de Víquez.
La defensa ha sostenido a lo largo del proceso que el excura no se encontraba laborando en Patarrá en la fecha en que supuestamente ocurrieron los delitos sexuales, según el relato del ofendido.
