Representante del Ministerio Público las expuso en el programa «Frecuencia MP» que se transmite los lunes en Radio Columbia.
Al cumplirse una semana de los allanamientos y detenciones por el llamado caso «Barrenador», la Fiscalía se refirió ampliamente a las críticas hechas a la investigación y al proceder de las autoridades judiciales en los operativos del 23 de setiembre.
El Ministerio Pública investiga un presunto sobreprecio en la contratación de cooperativas y una asociación para administrar 138 Ebáis.
Los reproches hacia la Fiscalía han salido de abogados defensores de varias de las personas investigadas en la causa judicial pero principalmente del mandatario Rodrigo Chaves.
En una conferencia de prensa, el pasado 25 de setiembre, el presidente de la República hizo varios señalamientos, entre ellos, que la Fiscalía detuvo a los funcionarios y exfuncionarios para luego investigar.
Chaves arremetió contra el ente acusador del Poder Judicial al considerar que se pudo haber citado a comparecer a la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, en lugar de ponerla bajo custodia de OIJ para que fuera llevada a celdas.
«La Fiscalía curiosamente detuvo primero para investigar… dispare primero y pregunte después. La Fiscalía, no me queda duda, usó una detención mediática, absolutamente innecesaria porque bastaba con llamar a doña Marta Esquivel a presentarse en la audiencia y ella hubiera llegado solita», aseguró.
El mandatario también dijo que la contratación cuestionada no está en firme ni se ha gastado un solo colón y que, por ello, no hubo afectación a las finanzas de la Caja.
Además, Chaves expresó que Esquivel y el Gobierno no permitirán que las comunidades se queden sin servicios de Ebáis.
Escuche aquí las declaraciones:
Este lunes, el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraschi (en la foto), participó en el programa Frecuencia MP que se transmite en Radio Columbia.
La periodista del Ministerio Público, Tatiana Vargas (en la foto), pidió a Boraschi que aclarara lo que denominó como «cinco falsedades» que se han dicho del caso barrenador.
Los puntos expuestos por el fiscal coinciden con parte de las múltiples críticas expresadas por el presidente Chaves aunque el fiscal no lo señaló directamente. La primera afirmación que respondió fue la de «se detuvo a las personas para luego investigar»
«Ante el nivel de desarrollo que llevaba la investigación se hizo necesario parar los efectos del delito. Es precisamente hoy, martes 30 de setiembre que empezaban a regir los contratos que están siendo investigados y cuestionados. Necesitábamos recuperar prueba, frenar las consecuencias ulteriores del delito, como nos lo exige el Código Procesal Penal y ejercer una serie de acciones tendientes a frenar actuaciones que pusieran aún más en riesgo la Hacienda pública», dijo.
La segunda afirmación que la Fiscalía cuestiona es que se podía citar a las personas investigadas en lugar de detenerlas.
«Si no hubiera mérito suficiente ante la posible comisión de un delito, un juez de la República no hubiera autorizado esa actuación. Además, detuvimos porque también nos interesaba mucho recuperar elementos probatorios, los elementos electrónicos o dispositivos como los teléfonos. Nos interesa muchísimo podernos imponer de toda la prueba que pueda estar dentro de un aparato de estos, dentro de una computadora personal, las cuales portan los imputados a diario y que, de no hacerlo, podríamos perder material probatorio importante», comentó.
En ese momento, la periodista Vargas agregó que la respuesta de Boraschi permitía comprender por qué estas personas no fueron llamadas a comparecer. Resaltó que si alguien está implicada en un posible delito y se le cita, habría más posibilidades de que borre evidencia.
«Claro, porque la primera pregunta que se harán es ‘¿para qué nos citan? Es una pregunta lógica, que conociendo lo que hay detrás de este proceso administrativo a lo interno de la Caja (…) vea usted que no ocupamos de una bolita de cristal para adivinar que iba a generar alertas y reacciones, sino, no se hubieran dado, por ejemplo, las acciones tendientes a tratar de borrar toda esa correspondencia electrónica», respondió.
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Otras dos manifestaciones calificadas como falsas por el ente acusador, son el decir que la adjudicación de los Ebáis no estaba en firme y que, al no haberse pagado aún el dinero, no había delito.
Boraschi afirmó que hay documentos técnicos que dejan ver que solo una de las 10 líneas de contratación no está en firme.
«(…)Tanto así, que desde que se rinden las garantías de parte de las empresas que están participando de esas contrataciones, se generan expectativas de Derecho que pueden ser reclamadas ante los Tribunales de Justicia, es decir, el daño a la Hacienda pública esta hecho, no hace falta nada», respondió.
«El solo hecho de tomar acciones que puedan afectar, poner en riesgo la Hacienda pública, sin que ese resultado llegue a darse, sin que se haya depositado un solo colón, el solo hecho de tomar esas acciones en detrimento de la Hacienda pública, con sobreprecios, eso consuma, para efectos de los delitos investigados, el delito como tal. No estábamos esperando que se erogara un solo centavo para que existiera la posibilidad de la comisión de los dos delitos investigados: tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda pública», detalló.
La quinta afirmación que analizó el Ministerio Público fue si la Junta Directiva de la Caja no avalaba la licitación, aún con sobreprecio, los usuarios se iban a quedar sin servicio.
El fiscal adjunto Mauricio Boraschi respondió que eso no es cierto y añadió que se trata de un problema del órgano colegiado estatal que tuvo más de dos años para resolverlo.
Aseveró que los directivos de la Caja echaron por la borda una licitación que tramitaron durante esos dos años para terminar en la contratación ahora investigada.
