Cuando aún era presidente de la República, Rodrigo Chaves propuso el cambio. Ahora, ante las modificaciones que se buscan para el Poder Judicial, renace la discusión.
En medio de la urgencia del Poder Ejecutivo por hacer cambios en el Poder Judicial, la figura del fiscal general se levanta como un de los puntos en discusión.
Actualmente, su nombramiento pasa por la decisión que tome la mayoría de los magistrados en Corte Plena. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, expresó anteriormente que debe hacerse un cambio.
«(Un proceso) donde el fiscal sea nombrado, ya sea porque la Asamblea lo postule, lo seleccione y el presidente o la presidenta aprueben, donde el balance se dé y contrapesos. ¿En qué país está todo lo que tiene que ver con la administración de la ley en un solo poder, una sola institución? En ninguno en el mundo.
En Estados Unidos es famoso. El Ejecutivo propone y el Legislativo ratifica. Podría ser al revés, que ratifique o que proponga el Legislativo y que el Ejecutivo ratifique. Hay miles de maneras de hacer pesos y contrapesos», dijo en entrevista con Noticias Columbia.
Estados Unidos como espejo
Según Chaves, el ideal sería adoptar el modelo de Estados Unidos, en cuanto al nombramiento de esta figura.
El profesor y analista internacional, Carlos Murillo, explicó que en esa nación el proceso es muy distinto al que tiene Costa Rica.
«La elección del fiscal general en Estados Unidos, a diferencia de otros países, no es un asunto de los tribunales de la Corte de Justicia. Es un asunto, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, entre el presidente de Estados Unidos y el Senado. Entonces, no se puede comparar con la situación, por ejemplo, en Costa Rica.
El proceso de elección es iniciativa del presidente de los Estados Unidos, quien propone un nombre, y el Senado confirma, por votación de mayoría simple, a esa persona propuesta por el presidente de los Estados Unidos», detalló.
Por eso, Murillo resaltó que esta es una decisión política, al agregar que «esto responde a una dimensión constitucional porque el Departamento de Justicia es una instancia del Poder Ejecutivo y el fiscal general es un funcionario del gabinete que responde a quien ocupa la presidencia de los Estados Unidos».
«Tiene una dimensión normativa en el sentido de que lo que busca es promover la independencia de fiscales generales respecto a otros marcos, en el contexto de la Constitución de los Estados Unidos y tiene una dimensión práctica en el sentido de hay muchas investigaciones de naturaleza política en la dinámica estadounidense que están hoy teniendo repercusiones de distinta naturaleza», añadió.
A favor y en contra
Esta posibilidad para Costa Rica recibe reacciones encontradas. Por un lado, el secretario General de Sitrajud, Jorge Cartín, considera dañina la opción.
«Lo postulan y lo eligen los diputados, según su propuesta, y lo veta o no veta el señor presidente de la República. ¿Dónde tiene la participación el Poder que no es político? ¿Dónde está?
Hay que recordar que tanto los puestos de jerarquía dentro de la Fiscalía, la Defensa Pública, magistrados, magistradas, jueces y juezas, esos son puestos que tienen que ser electos por características que tienen que tener las personas en la ética, en la moral, en su práctica profesional, en la experticia que tienen que tener, los años de experiencia para poder llegar a esos puestos.
Aquí lo que estamos viendo nosotros, y en eso no temo en decirlo, es que lo que están buscando es poner personas que sean complacientes, que permitan que se hagan ‘suavecitas’ las investigaciones, que los toquen con guantes de seda a la clase política y eso no puede ser. Entonces, ahí va vamos a tener una diferencia grande, el fiscal general no puede ser electo por la clase política jamás, nunca», reclamó.
Por el contrario, el abogado constitucionalista, Fabián Silva, considera que el Poder Judicial debe dejar de ser juez y parte en el nombramiento del fiscal general.
«Asaltan varias inquietudes, interrogantes, como por ejemplo, realmente será objetivo el fiscal que es nombrado por los magistrados en proceder posteriormente a investigar penalmente a quién lo nombró, o sea, a sus jefes.
Esta interrogante plantea, indudablemente, la justificación de una reforma de que el nombramiento del fiscal no puede darse o seguir dándose dentro de ese staff magisteriral que tiene años de estar enquistado en el Poder Judicial», indicó.
En caso de querer cambiar el nombramiento del fiscal general, el proyecto pasaría a la Asamblea Legislativa. Si la reforma es considerada por la Corte Suprema de Justicia como una modificación que afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial, se necesitarían 38 votos para su aprobación.
