Audiencia preliminar se trasladó para el 17 de octubre próximo. Un error en la notificación de la Defensa Pública impidió realizarla este lunes.
El asunto, que se tramita bajo el expediente 23-000369-1218 PE se relaciona con una millonaria sustracción de efectivo de la sede central del Banco Nacional en San José.
La diligencia, en la que se determinará si el asunto va o no a juicio contra un exfuncionario de apellido Olivas, ahora se realizará el próximo 17 de octubre en Tribunales de Goicoechea.
El pasado 3 de octubre se cumplieron dos años de que el Banco se percató de la diferencia contable de ¢3.293 millones. La entidad financiera comunicó lo ocurrido 21 días después en una conferencia de prensa.
Aunque hay varias personas investigadas, de momento solo se ha presentado acusación contra Olivas a quien se vincula directamente con las sustracciones del efectivo y enfrenta cargos por peculado.
El diccionario del Poder Judicial explica que este delito es el que comete un funcionario público «que sustrae o distrae dineros, o bienes del erario público, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo».
Con base en hechos que fueron documentados en video, se presume que el dinero habría sido tomado de una caja fuerte y sacado en sobres de manila. Esta forma de operar se habría dado en varias ocasiones.
Estado del caso
Noticias Columbia conversó con el fiscal Carlos Manuel Benítez Guillén, quien lleva el caso “Gallo tapado”; nombre que policialmente se le asignó porque se sospecha que el imputado gastó mucho dinero jugando lotería.
El funcionario judicial calificó la acusación contra Olivas como «bastante robusta y completa». «Hemos logrado desarrollar la investigación, por estos casi dos años, de manera muy satisfactoria. La probabilidad delictiva, que es lo que se ha manejado siempre a nivel de investigación, en este caso específico ha adquirido un grado superior», dijo.
El fiscal aclaró que no puede hablar de «certezas» porque eso corresponde discutirlo ante un Tribunal que finalmente es el que toma la decisión con base en los elementos expuestos. Explicó, además, por qué de momento solo él ha sido acusado formalmente por la supuesta sustracción de dinero y es el único que descuenta prisión preventiva desde noviembre del 2023.
«Se ha enfocado en este funcionario porque es la persona a la que las pruebas señalan directamente como la persona que tenía la custodia y administración de los bienes que fueron posteriormente sustraídos, específicamente me refiero al dinero. Hay elementos de prueba directos que lo vinculan a él con la sustracción del dinero», comentó.
La investigación sigue abierta con el fin de determinar si Olivas actuó solo, si alguien le ayudó o si hubo omisiones de otros funcionarios que debieron cumplir una labor de vigilancia.
Una de las mayores inquietudes radica en que, debido al elevado monto, cómo se habrían dado las sustracciones del dinero en el tiempo. La investigación abarca un período de tres años.
El fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dijo que la entidad judicial mantiene la idea de recuperar dinero del caso “Gallo tapado”, aunque no puede entrar en detalles porque la investigación se mantiene abierta.
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