La propuesta que existe en la corriente legislativa propone permitir el traslado de costarricenses a otros países para ser juzgados.
Pese a que las autoridades de seguridad esperan que la extradición de nacionales sea aprobada, un legislador cuestiona la forma en la que se pretende hacer el cambio.
Tanto el ministro de Seguridad, Mario Zamora, como el Fiscal Adjunto, Mauricio Boraschi, y el Director Interino del OIJ, Randall Zúñiga, han manifestado su apoyo al proyecto de reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, actualmente prohibida.
Para Zamora, gestiones recientes en las que se ha detenido a personas extranjeras nacionalizadas costarricenses son las que reflejan la importancia de reformar la Constitución.
En entrevista en el programa Por Tres Razones de Radio Columbia, el Fiscal Adjunto, Mauricio Boraschi, señaló que este es un tema pendiente desde mucho tiempo atrás.
Los cuestionamientos de un legislador
En entrevista con Noticias Columbia, el diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, cuestionó la manera en la que se planteó la reforma constitucional.
Aunque asegura que su bancada está comprometida con la seguridad nacional, explicó que existen razones que impiden aceptar la extradición de nacionales a través de una reforma parcial.
“En este caso no se puede, porque Costa Rica garantizó, a través de un procedimiento agravado, la modificación de este tipo de derechos. Lo que pretende la reforma es quitarle derechos al costarricense que teniendo su ciudadanía es reclamado por un país extranjero”, explicó Campos.
Para el legislador liberal, los cambios en derechos humanos deben hacerse mediante una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución Política, y no mediante una reforma parcial a la Carta Magna que tramitan los diputados.
Campos sí estaría de acuerdo con quitar la nacionalidad a extranjeros que obtienen condición de costarricense, lo que identificó como una solución para evitar la reforma a la Constitución Política.
Campos también señaló la necesidad de mejorar la gestión judicial para que no sea necesario que otros países juzguen a costarricenses.
¿Cómo conciben los demás miembros de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico la posición del diputado Gilberto Campos?
La liberacionista Alejandra Larios coincide con el diputado Campos en que el proyecto del Ejecutivo es inviable.
“Cuando se trata de derechos fundamentales se requiere una Constituyente y no es posible una reforma parcial a la Constitución”, explicó Larios.
Su compañero de bancada, Gilbert Jiménez, indicó que hay algunas alternativas, como el proyecto de ley de los liberacionistas Rodrigo Arias y Danny Vargas para anular la nacionalidad de extranjeros en casos de narcotráfico.
Desde la Unidad Social Cristiana, el legislador Horacio Alvarado también ha señalado su preocupación por esta propuesta de reforma constitucional, a la que se opone.
“Hay dos cosas que me preocupan mucho: me parece que es un proyecto que roza con la Constitución y que podría rozar con los derechos humanos de la persona”, cuestionó Alvarado.
Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, indicó tener grandes dudas sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.
“Violenta la constitución y convenciones que tratan sobre Derechos Humanos que son supraconstitucionales”, aseveró la frenteamplista.
El apoyo dentro del Congreso
Así, la única fracción que ha mostrado su apoyo a que se extraditen nacionales es la de gobierno.
Sin embargo, la firmante del proyecto, Pilar Cisneros, señaló que lo que están impulsando es la creación de una comisión especial que estudie el tema.
“Si creamos esta comisión eso nos permitiría entender qué países tienen extradición de nacionales, con base en qué argumentos aprobaron eso, cuáles no”, indicó Cisneros.
