La Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico recibió este jueves a dos expertos, para que dieran su criterio sobre el proyecto de Nueva República.
Afinar detalles sobre la obligatoriedad y la retribución a los privados de libertad son parte de los apuntes que hacen dos expertos en seguridad para implementar el trabajo en las cárceles.
La Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico recibió este jueves a dos expertos, para que dieran su criterio sobre el proyecto de “Ley para la Inclusión del Trabajo en la Pena Privativa de Libertad” (exp. 24.614), presentado en octubre anterior por Nueva República.
Según el diputado Fabricio Alvarado, su propuesta busca llenar algunos vacíos legales que impiden la implementación del trabajo como parte de la pena impuesta, así como la posibilidad de celebrar convenios con instituciones y empresas.
Durante su participación este jueves en la Comisión, el juez de ejecución de la pena, Carlos Montenegro, indicó que el objetivo del proyecto es importante.
Sin embargo, encontró algunas falencias que deberían revisarse, como la obligatoriedad o no del trabajo.
“No podemos hablar ni mezclar aspectos de justicia restaurativa en la actividad laboral en los centros penales: en restaurativa el eslogan es ‘es mejor reparar que castigar’, no es un asunto de reparación, no es un asunto de indemnizar de alguna forma el daño social hecho, sino más bien es un asunto de crecimiento personal del trabajo, de hábitos laborales; también se hace en el proyecto decir que prácticamente esto viene a ser la solución para que no se dé el fenómeno de la reincidencia, y que eso va a paliar la influencia negativa de factores externos que están en el medio o en el entorno de la persona, es parte de la solución, el trabajo penitenciario, ya sea como está establecido en este proyecto o como lo está manejando el sistema penitenciario en este momento, es parte de la solución, no es la solución en sí, porque hay multiplicidad de factores que hay que atacar”, dijo.
Por su parte, el investigador criminal Bryan Sandí alegó que el proyecto de Nueva República tiene muchas similitudes con la iniciativa de la diputada socialcristiana María Marta Carballo, que también busca implementar el trabajo y el estudio dentro de las cárceles.
Por ello, reconoció algunos aciertos del proyecto, pero también hizo señalamientos sobre lo que considera como puntos de mejora.
“Algo muy positivo que tiene este proyecto es que habla de incentivos fiscales a los empresarios privados, coincido plenamente con el licenciado Montenegro de que no debe ser lo mismo que una relación laboral externa, debe crearse el reglamento y la legislación diferente para ellos, que respete los derechos, mi humilde sugerencia es que el intermediario sea el Ministerio de Justicia, a través del INA o a través de entidad de gobierno que subcontrate la banda de producción”, detalló.
Durante el intercambio de consultas con los legisladores, los expertos agregaron apuntes como la falta de capacidad del Ministerio de Justicia y Paz para brindar opciones laborales a toda la población privada de libertad, así como la forma en la que debe retribuirse a los eventuales trabajadores.
