- Hania Vega, exviceministra del MICITT y SUTEL, argumenta que el fracaso de la subasta se debe a un diseño técnico deficiente.
La decisión de la Sala Constitucional de congelar la subasta de frecuencias de radio y televisión abrió un fuerte debate sobre la forma en que se diseñó el proceso, que apenas logró atraer a 17 emisoras y 4 canales de televisión, a pesar de que el cartel buscaba “democratizar” el espectro y aumentar la cantidad de voces en el país.
Durante el programa Por 3 Razones, Hania Vega —exviceministra de Ciencia y Tecnología y exdirectiva de SUTEL— afirmó que el resultado evidencia fallas estructurales en el diseño técnico. Según dijo, “si el objetivo era ampliar la pluralidad, y la realidad muestra que casi nadie se presentó, hay algo que no funciona”.
La experta explicó que SUTEL elaboró los estudios técnicos y fijó los precios de las frecuencias, pero que el Poder Ejecutivo aprobó todas esas propuestas, por lo que “las responsabilidades son compartidas”. Agregó que la comparación de precios con países como México o Estados Unidos no tomó en cuenta las particularidades del mercado costarricense, lo que terminó elevando los costos para emisoras pequeñas, comunitarias o regionales.
Vega insistió en que el proceso puede corregirse si SUTEL lo declara infructuoso:
“No es un fracaso político volver a la mesa. Sería más responsable corregir el diseño que seguir adelante con una subasta que no cumplió las metas que el mismo Gobierno anunció”.
También advirtió que la discusión no puede centrarse únicamente en los dueños de los medios, como lo ha planteado el discurso oficial. En su criterio, “detrás de cada frecuencia hay miles de personas que dependen de la radio o la televisión porque no tienen internet ni otros medios de comunicación”.
Sobre la narrativa de que las emisoras no quieren pagar, Vega fue clara al indicar que los impuestos actuales solo pueden modificarse mediante ley, y que hay dos proyectos en la Asamblea Legislativa que no avanzan porque no han sido convocados por el Poder Ejecutivo.
La experta también cuestionó el impacto en la pluralidad de voces si el proceso continúa tal y como está: “Si de 100 posibles oferentes solo aparecen 17, y si además algunos podrían no cumplir los requisitos, el país tendría menos voces, no más”.
El futuro de la subasta depende ahora de lo que resuelva la Sala Constitucional y de la decisión política que tome el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, las radios y televisoras seguirán operando con normalidad.
