- El exjerarca señala advertencias directas de la Presidencia Ejecutiva y expone otros episodios de tensión institucional.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge Salas, afirmó que la presidenta ejecutiva de la institución, Gabriela Chacón Fernández, ordenó aplazar los aumentos salariales de los funcionarios, pese a que estos contaban con todos los avales técnicos desde junio de 2025 y podían aplicarse antes de enero de 2026.
Monge explicó que, por convención colectiva, el INS está obligado a realizar un estudio salarial anual para determinar la procedencia de los ajustes, proceso que se completó dentro del plazo legal y que, según dijo, respondía a un principio de legalidad y respeto hacia los trabajadores.
Sin embargo, señaló que, pese a sus insistencias, Chacón Fernández le indicó que la aplicación del ajuste se postergaría hasta enero de 2026 por razones electorales, aunque le dejó abierta la posibilidad de aprobarlo antes bajo advertencia.
“La última vez me indicó que por razones electorales los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero del 2026, pero que por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias”, declaró.
Según Monge, la jerarca le advirtió, en presencia de testigos, que asumiría un costo político directo ante el presidente de la República si avanzaba con la medida.
“Me indicó delante de 2 testigos que si así fuere, ella me zafaría la tabla ante el señor presidente”, afirmó.
El exgerente sostuvo que esta conducta no le resultó sorpresiva, ya que recordó un episodio similar vivido por el exdirector jurídico del INS, William Emilio Fernández, cuando se le habría solicitado frenar contrataciones administrativas de alto monto.
“Don William le consultó que, de ser lo contrario, de no poderse encontrar nada, ¿qué pasaría? Y la respuesta de doña Gabriela fue, pongo su cabeza. Por dicha, todas esas contrataciones fueron debidamente adjudicadas”, relató.
En reacción a estas denuncias, el secretario general de la Unión de Personal del INS (UPINS), Rolando Salazar, expresó el rechazo del sindicato a cualquier intento de interferencia política en materia salarial y laboral.
“Manifestamos nuestro rechazo absoluto y categórico a cualquier maniobra de carácter político que pretenda afectar directa o indirectamente los derechos laborales de las personas trabajadoras”, señaló.
Salazar subrayó que el ajuste salarial no constituye un privilegio, sino una medida necesaria ante el prolongado deterioro del poder adquisitivo.
“Debe señalarse que el ajuste salarial no constituye un privilegio ni una concesión discrecional, sino una medida indispensable para la recuperación progresiva del poder adquisitivo”, afirmó, al recordar que “los funcionarios públicos hemos sido objeto de contención, congelamiento y rezago salarial por un periodo no menor a los últimos 12 años”.
Tras la comparecencia, la Comisión aprobó una moción para solicitar protección para Monge Salas, decisión que contó con un único voto en contra, emitido por el diputado oficialista Manuel Morales.
El legislador justificó su posición al señalar que el INS es una institución técnica y que se debe esperar el desarrollo de las investigaciones antes de emitir conclusiones.
“El INS es una entidad técnica y sólida, y cualquier valoración debe hacerse con base en información objetiva”, dijo.
Morales añadió que la protección debía gestionarse a título personal y no desde el Congreso.
“Es una decisión personal y no de la asamblea legislativa y mucho menos de esa comisión”, concluyó.
