Decreto ejecutivo establece que empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest participen en licitaciones de red 5G en el país.
La inhabilitación para que empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest, como China y otras naciones asiáticas, puedan licitar para brindar servicios de 5G en el país, sigue generando reacciones y explicaciones.
Algunos sectores han señalado su preocupación por un posible encarecimiento del servicio al disminuirse el nivel de competencia entre actores comerciales.
Además, han habido dudas sobre las razones que motivaron al Gobierno de la República a tomar la decisión, ya que el convenio de Budapest no está relacionado directamente a telecomunicaciones, sino más bien a ciberseguridad.
El exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, conversó con Noticias Columbia y expresó que una de sus preocupaciones es que el decreto sea impugnado judicialmente, lo que podría retrasar el avance tecnológico en el país.
“Pienso que es bueno hacer un alto en el camino en función de analizar si todos los alcances y todos los elementos que se incorporan dentro del decreto han sido analizados a profundidad o quizá requieran el poder darle un afinamiento en su lectura y en su composición, por una sencilla razón, ya que podría generar que se den una serie de litigios a nivel jurídico con respecto al decreto, que lo que puede hacer es frenar todo”, explicó el exministro.
Según Salazar, es importante que las decisiones que se hayan tomado estén cimentadas en el beneficio para las personas y también para las empresas, con el fin de incluir a Costa Rica como actor en el ecosistema digitalizado internacional.
Eso sí, el exjerarca afirmó que diferentes temas relacionados con tecnología, a nivel global, se han politizado.
“Evidentemente, a nivel global, yo no estoy hablando a nivel específico de Costa Rica, sino a nivel global, los temas de 5G, ciberseguridad e inteligencia artificial, son temas que han tomado un matiz geopolítico a nivel global. Eso es por todos conocido. ¿Que en Costa Rica se haya tomado una decisión por eso? No lo sé. A nivel global, estos temas son temas geopolíticos”, agregó Salazar.
Para explicar las razones del veto hacia empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest, algunos diputados presentaron una moción para llamar a comparecer a la jerarca del MICITT, Paula Bogantes, tal como lo señaló el jefe de la bancada socialcristiana, Alejandro Pacheco.
“Hemos presentado una moción en la Comisión de Infraestructura, para que la ministra del MICITT se presente y nos aclare los alcances que tiene el decreto ejecutivo que firmó en conjunto con el señor presidente de la República y que excluye a muchos países para que entren a participar en el concurso que se va a hacer sobre las bandas 5G. Queremos que nos aclare todos los alcances que tiene dicho decreto ejecutivo”, detalló Pacheco.
Por su parte, el presidente del Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico-América Latina, Jairo Hernández, se mostró de acuerdo con este llamado a la jerarca del MICITT y afirmó que es un tema que debe ser tratado en la Asamblea Legislativa.
“El reciente decreto anunciado por el Gobierno que excluye a proveedores de tecnología por su origen para el desarrollo de infraestructura 5G en el país, merece ser analizado y estudiado a fondo por parte de nuestros representantes legislativos. Por eso, resulta muy oportuno que los diputados llamen a audiencia a la jerarca del MICITT e incluso a otros jerarcas, a fin de que brinden explicaciones sobre el contenido y fondo de este decreto, el cual, a nuestro entender, lesiona indudablemente nuestras relaciones económicas con países con los que tenemos activas relaciones relaciones comerciales, sobre todo mediante tratados de libre comercio. Además, este hecho perjudica la seguridad jurídica de proveedores instalados en el país, violando principios de neutralidad tecnológica y libre competencia”, lamentó Hernández.
