Los magistrados rechazaron tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la norma que establece los períodos en que las personas pueden ejercer alcaldías y vicealcaldías.
Representantes del sector municipal mostraron su inconformidad luego de que la Sala Constitucional declarara sin lugar, por mayoría, tres acciones en contra de la ley que limita la reelección de alcaldes. Los magistrados no encontraron vicios de procedimiento ni de fondo.
La legislación aprobada en la Asamblea Legislativa en marzo pasado y que entró en vigencia en abril, con la firma del expresidente Carlos Alvarado, establece lo siguiente:
“Las alcaldesas o los alcaldes podrán ser reelegidos de manera continua por una única vez. No podrán ocupar ningún cargo de elección popular del régimen municipal, hasta tanto no hayan transcurrido dos períodos desde que finalizó su segundo período consecutivo.
”Los vicealcaldes y las vicealcaldesas también podrán ser reelegidos de forma continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo ni el de regidores o síndicos, hasta tanto no hayan trascurrido dos períodos desde que finalizó su segundo período consecutivo”.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por representantes de Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI) y la Federación de Concejos Municipales de Distrito.
El alcalde de Santa Ana y presidente de Femetron, Gerardo Oviedo, dijo a Noticias Columbia que en la entidad son respetuosos de la decisión de la Sala Cuarta pero no la comparten. Incluso cuestionó el criterio de los magistrados.
“No nos extraña sinceramente la respuesta. La Sala lamentablemente se ha convertido más en un ente político que en un ente que nos tiene que regir la parte constitucional de este país. Los magistrados no se animan a tomar decisiones que se tienen que tomar”, dijo.
“Por ejemplo, ¿por qué la misma ley establece posibilidad para regidores y síndicos de postularse en otros puestos y a los alcaldes les quita la posibilidad?”, añadió.
Oviedo considera que hay factores que incidieron en la creación de la ley y que ahora hacen que la Sala Constitucional determine que no tiene vicios.
“Uno hubiese deseado que uno terminara la función por voluntad propia o por la voluntad popular no por una ley que se hizo al calor de una campaña electoral pero esa fue la decisión final que toma la Sala Constitucional y tenemos que respetar ese fallo tal y como ellos lo han redactado.
”Comprendo que también existieron situaciones de temas bastante álgidos como temas de corrupción (en la función municipal) y demás que vivieron a afectar en mucho la decisión que se tomara. Sinceramente lamento que no se revisara profundamente esta situación”, dijo.
El director ejecutivo de ANAI, Jonathan Espinoza, manifestó que la organización es respetuosa del ordenamiento jurídico y la institucionalidad del país. Esperan que esté el fallo completo para hacer un análisis e insisten en que la ley va contra la democracia.
“Mantenemos la posición de que esta ley derechos fundamentales como el principio de igualdad, la irretroactividad de la ley y el derecho al voto pasivo, en síntesis, violenta la democracia local costarricense”, expresó.
“Lamentamos que se haya ratificado una ley que busca limitar la participación política de muchísimos líderes y lideresas en todos los cantones de nuestro país, en momentos en los que existe tanta apatía política”, recalcó.
En un comunicado de prensa, ANAI, alegó que nunca ha estado en contra de limitar los periodos de elección de las autoridades municipales; sin embargo, consideran que, a esta fecha, “no se justifica el por qué se deben esperar 8 años para poder volver a incorporar estos liderazgos si con un periodo de intermitencia, como en el resto de puestos de elección en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se logra dar paso a nuevas autoridades”.
El exalcalde de Desamparados y actual diputado del PLN, Gilbert Jiménez, manifestó que hay que ser respetuosos de esas decisiones, pero cree que es una “marcha atrás”. Calificó la situación como injusta y desequilibrada.
“Lamentablemente hubo un momento, diría yo de cálculo político, en donde los anterior diputados y diputadas, no conscientes de las necesidades y realidad, bajo una presión politiquera se dejaron ir y llevaron a cabo… incluso a nivel discrecional. Hoy para el Presidente y los diputados se establecen cuatro años (de espera) para la reelección y sucede que para los alcaldes y el cuerpo municipal ocho años”, indicó.
