Informe del TSE señala la existencia de dos estructuras paralelas y la captación de fondos de forma irregular, durante la campaña del Partido Progreso Social Democrático.
El informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la investigación por el financiamiento de la campaña política del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) señala los presuntos delitos cometidos por el ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
El TSE elaboró el documento, del cual Noticias Columbia tiene copia, ante publicaciones periodísticas que daban cuenta de actividades para recaudar fondos y apoyar la llegada de Chaves a Casa Presidencial, las cuales, en apariencia, se hicieron al margen de lo establecido por el código electoral.
Hallazgos
Según el informe, el Tribunal pudo acreditar que «el fideicomiso del grupo ‘Costa Rica Próspera’ en grado de probabilidad no fue empleado para financiar las operaciones y actividades políticas y académicas del grupo», ya que no se encontraron productos que respaldaran esta afirmación, pero sí «contrataciones y erogaciones concretas, que tenían por objetivo y demás pruebas documentales -según el dicho de los proveedores consultados- potenciar las aspiraciones político-electorales del señor Chaves Robles y, directa o indirectamente, las del partido Progreso Social Democrático, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022».
Además, según la investigación «ya para el 4 de julio de 2021 se presume que el señor Chaves Robles ostentaba la condición de precandidato oficializado, pues en la Asamblea Superior de la agrupación política celebrada virtualmente en esa fecha, ese órgano partidario practicó reformas a sus estatutos internos para flexibilizar el proceso de postulación y elección de candidaturas para los comicios nacionales de 2022 y, posteriormente, eligió en votación pública al señor Chaves Robles como su aspirante presidencial. Inclusive, véase que en la sesión del 3 de julio de 2021 del Comité Ejecutivo Superior, la señora Loaiza Alpízar ya habla del señor Chaves Robles, atribuyéndole la condición de candidato presidencial».
Esto contradice la defensa del presidente, que siempre ha dicho que su confirmación como candidato se dio mucho tiempo después de cerrado el fideicomiso.
Dineros recibidos
El documento del Tribunal detalla que el fideicomiso del grupo “Costa Rica Próspera” habría recibido, al menos, ingresos de personas físicas y jurídicas nacionales, además de presuntas personas físicas extranjeras y otras fuentes, que ascienden a ₡62.010.239 (sesenta y dos millones diez mil doscientos treinta y nueve colones exactos) y $348.182,50 (trescientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y dos dólares americanos con cinco centavos).
Además, del análisis de los estados de las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. suministrados por el Banco Nacional de Costa Rica- que, efectivamente, de estas cuentas fueron pagados bienes y servicios que ascienden a ₡47.733.108,60 (cuarenta y siete millones setecientos treinta y tres mil ciento ocho colones con sesenta céntimos) y $98.741,44 (noventa y ocho mil setecientos cuarenta y un dólares americanos con cuarenta y cuatro céntimos), de naturaleza político-electoral, para el período comprendido entre febrero y octubre de 2021.
«Sí es posible sostener que, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento en favor de la candidatura presidencial del señor Rodrigo Chaves Robles y del propio partido Progreso Social Democrático», dice el informe.
Posibles delitos de Rodrigo Chaves
El TSE señala que, a la luz de estos hechos, el ahora presidente de la República pudo haber cometido una serie de delitos, detallados a continuación:
ARTÍCULO 273.- Delitos sobre el financiamiento partidario. Se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años a quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero del partido. (…)
Razón: En su condición de co-constituyente del fideicomiso del grupo CRP e invitar a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el PPSD.
ARTÍCULO 275.– Delitos relativos contribuciones privadas ilegales (…) La pena será de prisión de dos a seis años para: (…)
b) Los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político.
Razón: Por, en su condición de candidato presidencial, recibir a través del fideicomiso co-constituido por él, donaciones, contribuciones o aportes valiéndose justamente de una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político.
Además, bajo este último artículo se considera que también pudo haberse presentado otra falta «solo en la medida en que el señor Chaves Robles hubiere conocido de antemano la existencia de este esquema de financiamiento y, aun así, hubiere aceptado beneficiarse de él».
El informe también indica posibles delitos cometidos por el vicepresidente de la República, Stephan Brunner; la diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar; el canciller de la República, Arnoldo André; y una serie de financistas como Bernal Jiménez Chavarría y Jack Loeb Casanova.
El informe está en poder del Ministerio Público y será el encargado de determinar si existen delitos y si se debe realizar la acusación a alguna de estas personas. Por la presunta implicación de miembros de los Supremos Poderes, el caso está en manos de la Fiscalía General de la República.
