Se trata de tres funcionarias y dos funcionarios que fueron detenidas este martes por un caso de presuntas irregularidades en adopciones.
La audiencia se efectuó la noche de este martes. El Ministerio Público pidió al Juzgado Penal de Turno Extraordinario medidas distintas a la prisión preventiva y se inclinó por el «impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos».
El Juzgado indicó que resolverá la solicitud a las 5:00 p.m. de este miércoles. El caso se tramita con el expediente 22-000028-1321-PE.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, explicó que el centro de la situación es la oficina de Cariari de Pococí.
Añadió que parte de las investigaciones se enfocan en determinar si hubo pagos a estos funcionarios para que se realizaran reubicaciones de personas menores de edad. También está bajo la lupa el presunto uso de subsidios del PANI para beneficio personal.
El caso
Una denuncia del PANI, interpuesta en el 2022, fue el inicio de un proceso que culminó con las detenciones. El OIJ informó que estas personas figuran como sospechosas del delito de «Trata de Personas con Fines de Adopción Irregular».
Un informe que fue presentado ante el Ministerio Púbico, hacía referencia a que en la oficina local del PANI de Cariari de Pococí, «existían una serie de irregularidades de tipo administrativo en trámites de adopción de personas menores de edad».
El reporte resalta que no se estaban realizando correctamente los procesos administrativos que se requieren en temas de adopción.
«(…) brindaban falso testimonio en estos procesos con tal de apartar a estos menores de sus familias biológicas y colocarlos en alguna familia adoptiva, que posteriormente se habrían incluido en este tipo de programa, y donde adicionalmente se les brindaba una ayuda económica por parte del PANI, mientras se resolvía en instancias judiciales la tutela de los menores», detalla.
La presidenta del PANI resaltó que las personas investigadas están suspendidas y pidió a la ciudadanía confianza en los funcionarios que los están sustituyendo.
Los allanamientos para recopilar evidencias se realizaron en las oficinas del PANI de Cariari en Pococí, la sede de Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata de Alajuela, la sede en Orotina y un centro integral ubicado en Santa Ana, San José.
La detención de estas personas se habría dado en el transcurso del día en vía publica en los sectores de Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina.
