Víctimas denuncian que el sistema financiero no ofrece seguridad suficiente, mientras la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley para responsabilizar a los bancos.
En los últimos meses, las autoridades han confirmado que las estafas, especialmente electrónicas, continúan en aumento. Clientes bancarios han denunciado la desaparición de dinero de sus cuentas, a pesar de los constantes llamados de entidades financieras y autoridades para que las personas protejan sus claves y el acceso a sus cuentas.
El asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Gómez, explicó que la actual ley presenta vacíos y que el proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa busca subsanarlos. Detalló que hoy la normativa establece la responsabilidad objetiva de los bancos, lo que significa que las entidades deben responder por los perjuicios generados, salvo en casos de dolo, autofraude o negligencia grave del usuario.
Según Gómez, la responsabilidad recae en los clientes cuando descuidan la custodia de sus claves o comparten accesos con terceros. Sobre la posibilidad de que funcionarios bancarios estén implicados, admitió que no es imposible, aunque aclaró que los datos muestran que esa no es la principal causa. Indicó que entre un 80% y un 90% de los casos se originan en otras prácticas.
Por su parte, la representante de la Asociación de Víctimas de Estafas Bancarias, Carmen Rojas, aseguró que los fraudes repuntaron tras la pandemia, cuando se impulsó el uso de servicios electrónicos sin la seguridad adecuada. Criticó que las víctimas, sin recursos ni respaldo institucional, han debido organizarse por cuenta propia para exigir soluciones.
Rojas recordó que el proyecto de ley 23.908 fue presentado por las víctimas, pero denunció que algunas fracciones legislativas han intentado debilitarlo. Señaló directamente a diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quienes acusó de modificar el texto en favor de la banca.
Además, afirmó que la Asociación Bancaria Nacional no ha presentado propuestas claras para enfrentar las estafas y que el texto sustitutivo aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos favorece únicamente a las entidades financieras.
Finalmente, Rojas subrayó que las víctimas rechazan los cambios recientes porque eliminan la responsabilidad objetiva incluida en el proyecto original. “Los bancos ejercen una actividad comercial con fines de lucro y, como cualquier empresa, deben garantizar seguridad a los usuarios. Nuestro dinero no está en los bancos por favor, sino porque el sistema nos obliga. No podemos ser las víctimas quienes tengamos que resolver los problemas de seguridad que les corresponden a las entidades financieras”, concluyó.
