Varios aspirantes plantean la medida como una herramienta para enfrentar la ola de homicidios y delitos, mientras expertos explican sus alcances y límites legales.
La idea de solicitar un estado de excepción a la Asamblea Legislativa, ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, ha ganado simpatizantes entre algunos candidatos a la presidencia.
Los aspirantes Fernando Zamora y Fabricio Alvarado han señalado que esta medida permitiría dar una respuesta más efectiva a la ola de homicidios y delitos que enfrentan los costarricenses cada día.
Alvarado, en uno de los videos de su campaña, afirmó:
“Homicidios todos los días, niños asesinados, barrios sitiados por el narcotráfico, personas inocentes y hasta niños siendo víctimas de esta ola de violencia. Mientras tanto, el presidente dice que el desastre en seguridad no es tan grande como lo quieren presentar. Es una desconsideración y un irrespeto para las víctimas. Costa Rica no necesita más excusas, necesita acciones.”
El candidato agregó que, desde su partido Nueva República, han presentado proyectos para combatir el crimen organizado, sancionar severamente el sicariato, eliminar el ocio en las cárceles y poner a los presos a trabajar. “Si este gobierno no tiene las agallas, y si los demás partidos no tienen el valor de tomar las decisiones correctas, lo primero que haremos será decretar el estado de excepción para enfrentar al crimen organizado. No vamos a negociar con la sangre de nuestra gente”, señaló.
Por su parte, la candidata del oficialismo, Laura Fernández, también abordó la propuesta durante la presentación de su plan de gobierno.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta, a solicitar a la Asamblea Legislativa la restricción o suspensión de garantías individuales en casos estrictamente necesarios, como una escalada del sicariato o delitos asociados al crimen organizado. Esto se hace en puntos específicos con inteligencia policial, no se trata de un toque de queda nacional”, aclaró.
En contraste, la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana cuestionó la medida, señalando que responde a la ineficiencia del gobierno actual.
“Decir que se levantará garantías individuales es peligroso e irresponsable. Si la situación se pone fea es porque ustedes no han hecho nada por mejorar la seguridad. ¿Por qué no se activa el Consejo Presidencial para la Seguridad Nacional o se coordina con las fuerzas policiales? Se trata de trabajar y accionar para no perder el control del territorio”, afirmó.
¿Qué implica un estado de excepción?
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal explicó que esta es una opción prevista en la Constitución Política.
“Debe tratarse de una emergencia extrema, como un desastre natural de gran magnitud o una situación de violencia que no pueda ser controlada de otra forma. Solo la Asamblea Legislativa puede suspender algunas garantías fundamentales por un periodo temporal y corto. Los derechos que podrían suspenderse incluyen la libertad de reunión, expresión y desplazamiento.”
Durante un estado de excepción, se pueden aplicar medidas como:
- Restricción de la libertad de tránsito, mediante toques de queda en zonas críticas.
- Prohibición de manifestaciones públicas, para evitar enfrentamientos o disturbios.
- Intervención de comunicaciones, como llamadas o correos electrónicos, con autorización judicial, para detectar redes criminales o posibles conspiraciones.
Carvajal enfatizó que estas medidas son excepcionales, temporales y supervisadas, y que un uso repetido o arbitrario equivaldría a una ruptura del orden constitucional.
