Países como Honduras, Ecuador y Perú recurren a medidas extraordinarias para frenar la violencia, pero analistas señalan que los resultados no siempre son los esperados.
En las últimas semanas, varios candidatos a la Presidencia de la República han expresado opiniones distintas sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción en el país, como medida para enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia.
En Perú, el presidente José Jerí declaró un estado de emergencia por 30 días en la capital, Lima, y en la provincia del Callao. Afirmó que la medida busca frenar el aumento de la delincuencia.
Varios países de América Latina han tomado decisiones similares en los últimos años, entre ellos Ecuador, Honduras y El Salvador. En Venezuela, el gobierno analiza aplicar una medida de ese tipo en medio de las tensiones con Estados Unidos.
El analista internacional Carlos Cascante explica que los estados de excepción suelen aplicarse para limitar ciertas garantías, con el fin de controlar territorios o zonas dominadas por bandas criminales.
“En general, los estados de excepción en América Latina se han utilizado, en ocasiones, de manera poco afortunada. Los gobiernos autoritarios han recurrido a ellos como un mecanismo para limitar derechos y consolidar su poder.
En los últimos años, la justificación más frecuente ha sido la necesidad de controlar espacios dominados por bandas criminales en distintos países del continente. Es decir, la motivación generalizada es mejorar la seguridad de las personas”, explicó Cascante.
En Honduras, el decreto de estado de excepción ya suma 45 prórrogas aprobadas de manera periódica. Ese país cumple tres años bajo esta medida, según confirmó el periodista del diario hondureño El Heraldo, Marcel Alejandro Osorto.
“Desde el gobierno de Honduras se argumentó que había una grave perturbación de la paz y la seguridad pública, con la presencia creciente de grupos criminales organizados, especialmente pandillas que cometían delitos como extorsión, homicidio, robo, narcotráfico y secuestro, lo que generaba una situación de alarma nacional.
Para enfrentar esa situación, el Poder Ejecutivo decretó un estado de excepción para otorgar más herramientas a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Investigación y al Ministerio Público, con facultades extraordinarias para realizar operativos, allanamientos y detenciones.
El decreto se oficializó el 3 de diciembre de 2022 y su primera versión entró en vigor a las 6 de la tarde del 6 de diciembre. Inicialmente tuvo una duración de 30 días, pero desde entonces ya se han emitido 45 prórrogas entre 2022 y 2025.”, señaló Osorto.
Por su parte, el analista Carlos Cascante recuerda que el estado de excepción fue uno de los temas centrales en la campaña electoral de la presidenta Xiomara Castro, aunque cuestiona si los resultados han sido los esperados por la población hondureña.
“En el caso hondureño, durante la campaña que llevó al poder a Xiomara Castro, uno de los ejes centrales fue el tema de la seguridad. Se contrastaba el avance en materia de control del crimen que mostraba el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador frente al clima de inseguridad en Honduras, con fenómenos similares como la criminalidad organizada, las extorsiones y las zonas dominadas por grupos mafiosos.
Aun así, el 3 de octubre de este año, el gobierno hondureño volvió a ampliar el estado de excepción, y el país ya acumula más de mil días bajo esta medida, sin alcanzar los resultados en seguridad que logró Bukele. El caso hondureño es distinto: se trata de un país mucho más grande y difícil de controlar que El Salvador.”, finalizó Cascante.
