El presidente Rodrigo Chaves confirmó que vetará la Ley de Ejecución de la Pena, aprobada en segundo debate por 33 diputados, al considerar que debilita el rigor del sistema penitenciario y prioriza los derechos de los delincuentes.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que vetará la Ley de Ejecución de la Pena, aprobada el jueves anterior en segundo debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Según el mandatario, el proyecto fue impulsado por el Poder Judicial y no responde a la visión del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y política criminal.
Durante una intervención pública, Chaves cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa y a quienes la promovieron.
“Esa ley no hace más que debilitar la disciplina y el rigor del castigo de cárcel para los criminales”, afirmó.
El presidente sostuvo que la propuesta “prioriza los derechos de los asesinos, violadores y narcos por encima de los derechos de la gente honesta” y aseguró que, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen, “abre más portillos y da más beneficios a quienes no tuvieron ninguna consideración con sus víctimas”.
Señalamientos al Poder Judicial
Chaves incluso leyó una nota enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre, dirigida al presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez y a la diputada Gloria Navas Montero, en la que se remitía el borrador del proyecto con el ánimo de que fuera acogido en su discusión.
El mandatario aseguró que la iniciativa fue redactada por instancias como la Sala Tercera, la Fiscalía General y la Defensa Pública, con apoyo de jueces de ejecución de la pena.
Además, criticó directamente a Arias y Navas por respaldar el proyecto y lo calificó como una propuesta “nefasta”.
Defensa del proyecto
Por su parte, la diputada Gloria Navas defendió la reforma y afirmó que la actual Ley de Ejecución de la Pena no se ajusta a la realidad costarricense.
Según explicó, el proyecto se trabajó durante más de dos años y originalmente formaba parte de una discusión más amplia que incluía una reforma penitenciaria impulsada por el propio Poder Ejecutivo.
Navas indicó que, en las primeras conversaciones, el Gobierno había señalado que retiraría su proyecto de ley penitenciaria para no confrontarlo con la reforma de ejecución de la pena, incorporando en esta última los temas relacionados con el manejo de los centros penales.
Sin embargo, aseguró que posteriormente el Ejecutivo presentó nuevamente su propia iniciativa y no convocó el proyecto de ejecución de la pena en el periodo de sesiones extraordinarias.
La legisladora también señaló que el control de legalidad en la ejecución de la pena corresponde al Poder Judicial, tal como lo establece la Constitución Política, y advirtió que la propuesta del Gobierno pretende separar ese control del ámbito judicial.
Con el anuncio del veto presidencial, el proyecto regresará a la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán decidir si resellan la ley o acogen las objeciones del Ejecutivo.
