Aunque es un mandato constitucional, desde su implementación hace más de una década no se ha logrado alcanzar ese porcentaje.
Aunque la Constitución Política en su artículo 78 obliga al Estado a destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, que incluye al Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la red de cuido, ninguna administración ha cumplido con ese rubro desde el 2011, año en que entró a regir el mandato.
Para este año, el presupuesto en relación con el PIB se ubicó en alrededor del 5%, y para el 2026, ronda el 5.68% del PIB, según el Ministerio de Hacienda.
La definición de un porcentaje fijo para la educación se dio, por primera vez, en 1997, y fue evolucionando con los años, según detalló el investigador asociado del Programa Estado Nación, Andrés Fernández, en entrevista con Columbia.
“¿A qué respondió la definición de ese 6%? Al fracaso que como país tuvimos luego de lo que ocurrió con la crisis económica de los años 80, que sacó a muchos jóvenes de las aulas y que incluso al día de hoy aún nos referimos a ellos como una generación perdida que no tuvo acceso a oportunidades educativas; en el 2006 inicia una discusión para incrementar ese porcentaje del 6 al 8%, una discusión que tomó dos legislaturas consecutivas y que fue finalmente aprobado hasta el año 2011, y que básicamente lo que decían en aquel momento era que ‘el monto no es suficiente, tardamos en alcanzar ese 6% pero claramente las necesidades cada día son mayores y por eso ocupamos actualizar este valor para darle una importancia fiscal al presupuesto, una importancia macroeconómica y una importancia social’, porque en aquel momento la educación sí o sí era el bastión principal sobre el cual estaban discutiéndose todo el resto de políticas públicas”, explicó.
Según el investigador, antes de otorgar un porcentaje fijo a la educación menos del 40% de los jóvenes entre 18-25 años lograba concluir la educación secundaria; actualmente ronda el 70-75%.
Sin embargo, desde la inclusión de la reforma a la Constitución Política ningún gobierno ha asignado el 8% a la educación, y lo más cercano ha sido un 7,5%, lo cual tiene algunas razones, según el investigador.
“Especialmente voluntad política, porque en el 2011, cuando se logró aprobar la reforma constitucional del 8%, los gobiernos que siguieron lograron demostrar que sí se puede avanzar en la senda para alcanzarlo, nadie lo alcanzó, pero por lo menos se demostró que se podía pasar de 5.5 a 6%, de 6 a 6.5% y que podíamos crecer, que es parte de lo que exige la Constitución, si no puede alcanzar el 8 por lo menos demostrar que puede crecer año con año el presupuesto para educación”, dijo.
“En las últimas administraciones y con la implementación de la famosa regla fiscal esto se ha complicado mucho más, porque la regla fiscal no permite que el presupuesto para el gobierno no pueda crecer por encima de un cierto valor, ¿cuál es el problema con esto? Que para poder estar en una senda creciente que eventualmente nos acerque al 8% sí o sí se ocupa que el presupuesto del MEP crezca por encima de lo que crece el PIB y la regla fiscal eso lo impide”, añadió.
“Lo segundo, es que a pesar de que la regla fiscal pone un límite máximo de crecimiento, al MEP nunca se le ha permitido crecer a ese límite de tope máximo, esto ya sí refleja una decisión política”, concluyó.
Para el investigador, la inversión del país por estudiante ronda los 2.000 dólares anuales, mientras que otros países de la OCDE superan los 5.000 dólares.
Por ende, aunque con los recursos actuales se podría ser más eficiente, aún se requiere una inversión mayor.
Para el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, es muy difícil destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación.
Según el jerarca, aunque se hizo la reforma constitucional hace poco más de una década no se fijó un origen claro para los recursos, lo que implicaría tomar medidas drásticas.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) señaló que la grave crisis educativa requiere mayor inversión.
El presidente de la agrupación, Gilbert Díaz, recordó que sin educación falta competitividad y seguridad.
Debido a la situación de las finanzas públicas, desde el PEN consideran que un aumento del 0.11% del PIB ayudaría a encaminar el rumbo de la educación, cumpliendo algunos objetivos estratégicos.
