Dictamen de mayoría señala presuntas irregularidades en el actuar del Poder Ejecutivo en el caso de la exministra del Pani, Gloriana López; Frente Amplio presentó recurso de amparo para obtener información negada por Casa Presidencial.
El informe de mayoría, firmado por varios diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, señalan un presunto tráfico de influencia y presiones indebidas por parte de Casa Presidencial en contra de la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Gloriana López.
El caso se remonta a las declaraciones dadas por López, quien aseguró recibir llamadas por parte de un asesor del Poder Ejecutivo para que “revisara con cuidado” un expediente en el que figura el empresario ligado a CRHoy, Leonel Baruch.
“Hay insumos para creer y para evidenciar que hubo tráfico de influencias, en primer lugar porque de parte del Ejecutivo se manejaron al menos cuatro versiones para un mismo hecho, y segundo porque hubo obstrucción de parte del Ejecutivo para dar información en documentos públicos, por ejemplo bitácoras, oficios, agendas de la supuesta reuniones…”, dijo el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega.
El legislador también criticó lo que considera una falta de acceso a información pública desde Casa Presidencial y lamentó la repetición de conductas políticas inadecuadas.
“Es lamentable que se siga haciendo política de la manera vieja, con ofrecimientos, con tráfico de influencias, y que no se quiera dar la información. La Sala Constitucional nos aprobó un recurso de amparo que pusimos porque de Casa Presidencial no nos quisieron dar información pública”, recalcó.
El informe
El informe de mayoría señala una serie de presuntas irregularidades alrededor del caso de López, el asesor presidencial y el expediente de la familia de Baruch.
“La intervención de Aguilar Vargas, en su calidad de asesor y luego Director de despacho del Presidente de la República, en los procesos de la familia Baruch Ohana en sede del Patronato Nacional de la Infancia, que a su vez inciden en los distintos procesos de divorcio, guarda y crianza y pensión alimentaria de la pareja en relación con sus dos hijos menores de edad en sede judicial podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias en beneficio de una de las partes del proceso, por lo que se recomienda testimoniar piezas ante el Ministerio Público”, se lee.
Los legisladores también cuestionaron las versiones dadas públicamente por los oficialistas, ya que aseguran que “las declaraciones del señor Aguilar Vargas contradicen las declaraciones originales de la bancada oficialista en la sesión ordinaria del Plenario Legislativo del jueves 20 de julio, quienes manifestaron en un inicio que el señor presidente Rodrigo Chaves
fue el que realizó la llamada a la señora Fuscaldo solicitándole tener cuidado con el caso de los hijos de Baruch y Ohana.”
También se dieron cuestionamientos a las visitas de la esposa de Baruch, Yafit Ohana, a Casa Presidencial, la falta de claridad sobre los temas tratados, registros al respecto que no se recibieron en Comisión y contradicciones en lo expresado por comparecientes.
Críticas a Mary Munive
La segunda vicepresidenta de la República, y ministra de Salud, Mary Munive, también recibió críticas por quienes suscribieron el informe de mayoría.
López Fuscaldo aseguró que la ministra la visitó en su casa a altas horas de la noche y sin invitación. Aunque Munive aceptó que fue a la casa de la expresidenta del Pani, dijo que lo hizo por pedido de la exfuncionaria.
Además, aseguran que la vicepresidenta intentó evitar que López hablara ante los diputados cuando fue citada a referirse a sus funciones y la situación de los menores de edad.
“Consta en actas de la comisión que, dentro de las razones por las cuales la señora Vicepresidenta se apersonó al Patronato Nacional de la Infancia para solicitar la renuncia de la expresidenta Ejecutiva ante una posible convocatoria para comparecer ante la Asamblea Legislativa por diferentes aspectos de su gestión. La señora Munive reconoce que envió a López Fuscaldo esta solicitud por medio de un mensaje de texto, y en sus declaraciones ante la comisión justificó este actuar por una decisión
previa de no dar continuidad a la señora López Fuscaldo como jerarca del PANI. Esta actuación de la Vicepresidenta constituye un intento de obstruir el ejercicio de control político por parte de la Asamblea Legislativa”, se lee.
Los diputados recomendaron a instituciones como la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que investigue los hechos señalados en el informe.
