En lo que va del 2022 la Fiscalía Penal Juvenil ha tramitado 213 causas judiciales, 95 de ellas ingresaron entre el jueves 17 y el jueves 24 de marzo. El promedio fue de casi 12 casos diarios.
El tema fue abordado este lunes 28 de marzo en el programa Frecuencia MP, del Ministerio Público, que se transmite a las 11:00 a.m. en Radio Columbia.
La coordinadora de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, Elizabeth Esquivel Sánchez, calificó la situación como preocupante y aseguró que se están tomando acciones para atenderla de la mejor forma posible.
Eso incluye reuniones con personal de la Fuerza Pública, OIJ, PANI, MEP y la opción de capacitar a docentes y trabajadores de los centros educativos.
Esquivel manifestó que en la Fiscalía previeron la posibilidad de que el retorno a clases presenciales generara un repunte de situaciones de violencia pero no a los niveles que se están presentando.
Añadió que el principal problema es la “normalización de la violencia” sobre todo porque el aumento de casos provocó una mayor divulgación de las imágenes e información en medios de prensa y redes sociales.
Entre las denuncias que se han registrado este año hay contravenciones (hechos de menor gravedad) como lesiones levísimas, amenazas personales y provocaciones a riña. En cuanto a delitos, se recibieron casos de amenazas agravadas, agresiones con armas y portaciones de arma, entre otros.
En las últimas dos semanas hubo varios casos de gravedad, por ejemplo, en un colegio de Matina, la Policía decomisó un arma de fuego y seis municiones a un estudiante.
En San José, la Fuerza Pública detuvo a un estudiante y el OIJ a otros cinco por un caso de amenazas con arma blanca contra otro menor de edad. El asunto incluso se investiga por el presunto delito de intento de homicidio según informó la Fiscalía a Noticias Columbia.
A esto se suman hechos como peleas entre estudiantes y un caso en Escazú donde algunos colegiales se enfrentaron a golpes y empujones contra un oficial de la Fuerza Pública.
Actualmente las provincias del país con más denuncias son: Cartago, San José, Alajuela y Guancaste, especialmente en Liberia y Nicoya.
Responsabilidad
La fiscala Esquivel recordó a los trabajadores públicos la obligación que tienen de denunciar hechos de riesgo o violencia en que pueden considerarse un delito en entornos educativos. Omitir ese deber puede implicar consecuencias legales.
También instó a los responsables de escuelas y colegios a que pongan las denuncias en el menor tiempo posible para evitar que se generen nuevos hechos de violencia o que las situaciones escalen a consecuencias mayores. Acudir pronto a la Fiscalía también permite que las autoridades puedan recopilar pruebas.
Las coordinaciones del Ministerio Público con la Policía permiten identificar cuáles son los centros educativos que requieren mayor atención y en cuáles no se están tramitando de forma adecuada los casos.
Capacitación
La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil ofrece a los centros educativos la posibilidad de llevar charlas que permitan a los trabajadores conocer deberes y derechos de los menores de edad y la legislación que rige cuando ocurren hechos de violencia o delitos sexuales en perjuicio de estudiantes.
Los interesados pueden escribir al correo: [email protected] o llamar al teléfono 2295-3959.
Puede repasar el programa completo de Frecuencia MP en el siguiente enlace: https://fb.watch/c1Vv6VDBX_/
